El Gobierno controla la esfera legal pero no debería, sin más, imponer su voluntad a los ciudadanos en cuestiones de dudosa naturaleza. Sería el caso de algunos proyectos de indulto como los que estos días está tejiendo el ministro de Justicia Juan Carlos Campo a favor de los presos del ‘procés’. Indultos que pide que “sean vistos con naturalidad porque son instrumentos previstos en la ley”. Sabedor de la polémica que apareja este asunto, repite otra obviedad: los indultos son una potestad que faculta al Gobierno para perdonar una pena por “razones de justicia, equidad o utilidad pública”.
Nadie discute esa facultad, cosa distinta es su probidad en el caso que nos ocupa. Un beneficio extraordinario que —se presente como se presente y justifique como se justifique— premiará a quienes en su día trataron de burlar la Constitución con un acto de sedición que fue condenado en firme por el Tribunal Supremo con hasta 13 años de prisión en el caso de Oriol Junqueras, cabeza visible del intento de golpe acaecido en octubre de 2017.
Junqueras es el líder de ERC, partido cuyos votos favorables en la moción de censura contra Mariano Rajoy fueron decisivos para llevar a Pedro Sánchez a La Moncloa. Ese favor original —piedra fundacional de lo que luego se ha ido conociendo como ‘sanchismo’— está en el origen de las medidas de gracia que tramitan en el Ministerio de Justicia. Todo lo demás, las invocaciones a ‘recuperar’ la normalidad política en Cataluña, forman parte de lo que podríamos llamar un relato exculpatorio por parte del Gobierno y sus portavoces mediáticos. Lo más penoso de este asunto es que el Gobierno seguirá adelante con las medidas de gracia presumiblemente teniendo en contra los informes del tribunal juzgador y de una parte muy numerosa de la ciudadanía.
Pero Sánchez, consciente más que nunca de su debilidad parlamentaria, no duda en premiar a quienes no solo no se han arrepentido de sus delitos sino que se jactan de que volverán a repetirlos. No hay precedentes de semejante jactancia. Tampoco del desagradable papel al que emplazan al Rey pues es él quien, llegado el caso, tendría que firmar los indultos.
