La Dirección General de Patrimonio Cultural de la Junta de Castilla y León ha denegado el recurso de alzada que presentó el Colegio de Arquitectos de Segovia contra la autorización del derribo de un inmueble situado en el entorno de la Plaza de Santa Eulalia, un edificio de 1941 que lleva la firma del arquitecto Manuel Pagola y supone uno de los pocos ejemplos de arquitectura racionalista en la ciudad.

“Estamos decepcionados”, ha reconocido la presidenta del Colegio de Arquitectos, Susana Moreno, quien añade que, según la resolución, la Junta “no ha entrado a valorar las propiedades del edificio” y se ha limitado a comunicar que este caso es “competencia” del Ayuntamiento de Segovia.

“Entendemos que tiene cualidades para no ser derribado y apelamos a la sensibilidad del Ayuntamiento para conservar un edificio que forma parte el patrimonio de la ciudad”, recalca Moreno; y añade: “Ojalá tenga cintura para llegar a un acuerdo”.

No habrá contencioso

Moreno ha confirmado a El Adelantado que el Colegio no se plantea presentar un recurso Contencioso-Administrativo porque su objetivo es “concienciar a la ciudadanía de que es un edificio que merece estar protegido porque representa una arquitectura que no es especialmente antigua pero forma parte de la historia de la arquitectura en Segovia, en relación con el movimiento moderno y la escuela racionalista, y por eso esperamos que el Ayuntamiento de Segovia sea sensible a estos valores”.

Este edificio racionalista, en el número 7 de la calle de la Muerte y la Vida, no tiene ninguna protección en el planeamiento urbanístico municipal.

La representante del colectivo profesional de arquitectos en la provincia apunta precisamente que el Catálogo Arquitectónico del Plan Especial de Áreas Históricas de Segovia (PEAHIS) “tiene errores, ya se han detectado un par de ellos, y el Ayuntamiento lo que tiene que hacer es corregirlos, no encasquillarse”.

Abunda en este argumento al sostener que, aunque el plan especial es necesario y puede ser una buena herramienta, “como cualquier documento complejo puede tener errores y no podemos estar penalizados por eso, hay que gestionarlo”.

Propuesta técnica

Asegura que todavía hay tiempo y apunta a una propuesta técnica del propio Colegio que permite un crecimiento de la edificabilidad en la planta superior del inmueble “sin alterar los valores racionalistas”.

Para Moreno, los responsables municipales pueden alcanzar un acuerdo con la propiedad, “a la que beneficia el aumento de superficie por planta porque permite mejorar el programa de la vivienda y también tiene ventajas para el Ayuntamiento, para la ciudad, porque se consigue mantener un edificio que forma parte de la historia de nuestra arquitectura. Ganamos todos”.

Reconoce Moreno que en esa negociación con la propiedad “no se la puede penalizar, porque ni puede esperar mucho tiempo con una inversión pendiente de ejecutar, ni tampoco en edificabilidad; ambas cuestiones se pueden resolver porque no es un edificio fuera de ordenación y, por lo tanto, no está para demoler. Si mañana piden una licencia de obras para remodelar el interior de las viviendas se puede dar, pueden empezar la ejecución y, en paralelo, pactar un incremento de edificabilidad de la planta superior que se plasme en un convenio o como estimen oportuno”.

Insiste la presidenta del Colegio en que “si hay voluntad, existen mecanismos para que este error en el Catálogo Arquitectónico no penalice tampoco al Ayuntamiento porque tenga que indemnizar a la propiedad”.

Desde el Colegio se ofrece a ayudar, “porque somos técnicos y podemos valorar esta materia pero se necesita voluntad y capacidad de gestión, que no se obstaculice y haya flexibilidad por parte del Ayuntamiento”.

Inasumible para la propiedad

Por su parte, la concejala de Urbanismo y Patrimonio Histórico, Clara Martín, informa de que los responsables municipales se han sentado con los de la propiedad para estudiar las soluciones que ha aportado el Colegio de Arquitectos. “La propiedad ha escuchado y hemos intentado soluciones técnicas pero ha constatado que no las puede asumir por lo que supone de modificación de su proyecto y, a día de hoy, el Ayuntamiento no se lo puede exigir. Con la Ley en la mano no podemos quitarles unos derechos que ya tienen adquiridos”, afirma.

En este sentido, apunta que el Ayuntamiento tramitará la licencia de derribo porque la normativa urbanística es la única herramienta garantista para el cumplimiento de la legalidad y en eso tiene que basarse el área municipal de Urbanismo “porque es lo que garantiza los derechos de todos los ciudadanos”.

Martín, que llama la atención sobre la inseguridad jurídica que puede generar para propietarios y promotores “que el Colegio de Arquitectos quiera recurrir el plan especial cada vez que haya una solicitud de derribo o una autorización o licencia”, insiste en que en los últimos años, durante la larga elaboración del PEAHIS, se abrió en varias ocasiones el plazo de información pública para presentar alegaciones o sugerir modificaciones y nadie, ninguna entidad ni particular, lo hizo en relación con este edificio de 1941.

Los especialistas que hicieron el Catálogo Arquitectónico evaluaron y decidieron que no es un bien a proteger y la edil señala, además, que con anterioridad tampoco ha estado protegido en el planeamiento de la ciudad, ni en los planes de los conjuntos históricos, ni en el Plan General de Ordenación Urbana.

Arquitecto relevante

A principios de este año, dos arquitectos, Darío Núñez y Carlota González, iniciaron una recogida de firmas para evitar el derribo del edificio levantado en 1941 en el número 7 de la calle de la Muerte y la vida, en el entorno de la Plaza de Santa Eulalia, siguiendo un proyecto del arquitecto Manuel Pagola, inicialmente de 1931 y para una sola planta. En febrero, el Colegio de Arquitectos toma el relevo y anuncia la presentación de un recurso de reposición ante la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Junta por la autorización acordada en el seno de la Comisión Territorial de Patrimonio de Segovia.

Por ese camino los arquitectos de la provincia, de la mano de la de la entidad profesional, han hecho frente común para evitar la desaparición de uno de los pocos edificios de la corriente racionalista que se conservan en la ciudad. “Se pueden contar con los dedos de una mano”, apostilla Susana Moreno, presidenta del Colegio, quien afirma que Pagola “es probablemente el arquitecto más importante del siglo XX en Segovia, al menos de la primera mitad de siglo, donde trabaja únicamente veinte años con una buena producción de edificios”.

Silvestre Manuel Pagola (Bilbao, 1892 – Segovia, 1943) trabajó en Segovia con dos tipos de arquitectura muy conectados con las vanguardias nacionales e internacionales de la época, en una primera etapa la arquitectura regionalista y, a partir de 1930, empieza a trabajar el racionalismo.

Sobre este último, recuerda que en España su principal impulsor fue el GATEPAC (Grupo de Arquitectos y Técnicos Españoles para el Progreso de la Arquitectura Contemporánea) a partir de 1931.

Indica también esta representante del Colegio de Arquitectos que el hecho de que el edificio del barrio de Santa Eulalia sea de 1941 dice mucho de la figura de Pagola, “en un momento de la primera postguerra, muy duro, donde la ideología pretendía también invadir la arquitectura, hacer arquitectura patriótica, tipo neo-herreriana o neo-barroca, ensalzar la arquitectura del Imperio Español”.