El Banco de España advierte de que las dificultades para bajar los salarios podrían perjudicar la consolidación de las ganancias de competitividad obtenidas en los últimos años, y aboga por potenciar la contratación indefinida evitando su “excesiva” protección para no desincentivar la creación de empleos estables.
Así lo recoge en su Informe Anual 2015, en el que señala que el mercado de trabajo español se enfrenta al reto de reducir el “elevado” desempleo para evitar que una parte “considerable” de él se convierta en estructural, y para favorecer un comportamiento más dinámico de la productividad.
El organismo supervisor valora la bajada de la tasa del paro, pero subraya que sigue “muy por encima” de la observada en otros países, uno de los elementos que explican el incremento de la desigualdad de la renta en España, y sostiene que esta reducción no se ha trasladado con una intensidad suficiente a los colectivos que llevan más tiempo desempleados.
En esta línea, apunta que tampoco se observa un aumento “significativo” de las conversiones de contratos temporales en indefinidos, que “habían mostrado una tendencia claramente descendente desde el inicio de la crisis y que, en el período más reciente, se mantienen en niveles reducidos”.
Por el contrario, el Banco de España detecta un mejor comportamiento de los flujos de destrucción de empleo indefinido, que se habrían moderado en 2015 hasta alcanzar niveles similares a los observados antes de la crisis, si bien la destrucción de empleo temporal “todavía mantiene cotas elevadas”.
Asimismo, indica que los desempleados más jóvenes y los de más edad, aquellos con menor nivel de formación y, sobre todo, aquellos que acumulan más tiempo en el desempleo, muestran una probabilidad “significativamente más reducida” de encontrar un empleo, con un “deterioro acusado” de las oportunidades para los parados de larga duración.
El organismo encabezado por Luis María Linde considera que la reducción del desempleo exige actuaciones adicionales que permitan a las empresas optar por una “adecuación” de las condiciones laborales a su situación específica y refuercen su flexibilidad interna, en línea con las instituciones del mercado de trabajo existentes en otros países europeos.
De igual forma, aboga por potenciar el atractivo de la contratación indefinida “evitando que una excesiva protección de este tipo de empleo acabe desincentivando la creación de puestos de trabajo estable”.
También señala que las políticas activas deberían contribuir a aumentar la empleabilidad de los desempleados de larga duración que presentan niveles de cualificación bajos, por lo que ve “crucial” mejorar la vinculación entre políticas activas y pasivas.
En concreto, apuesta por modernizar los servicios públicos de empleo e incrementar los recursos disponibles en las políticas activas por desempleado, siendo “deseable” relanzar las actividades de formación y orientación, que “en comparación con otros países europeos, son relativamente escasas en España”, frente a un peso “elevado” de los incentivos a la contratación, cuya efectividad suele ser “limitada”.
En cuanto a los salarios, el Banco de España apunta que la pauta de contención salarial se mantuvo en 2015, si bien, en un entorno de inflación negativa, los salarios reales aumentaron un 0,5% en el sector privado, en parte por el abaratamiento del petróleo.
En un contexto de baja inflación general en la zona euro y crecimientos modestos de la productividad, como el que se proyecta para la economía española en los próximos trimestres, advierte de que “un exceso de rigidez a la baja de los salarios nominales podría dificultar la consolidación de las ganancias de competitividad obtenidas en los últimos años”.
“Si bien la relación entre los incrementos salariales negociados y la situación cíclica de los distintos sectores productivos ha aumentado en los últimos años, ésta sigue siendo reducida”, añade.
La institución dirigida por Luis María Linde también se refiere en su informe al efecto de las reformas laborales aprobadas en los últimos años, sobre las que dice que introdujeron modificaciones “sustanciales” en el diseño institucional del mercado de trabajo.
Estas reformas, especialmente la de 2012, habrían facilitado la moderación salarial, al favorecer una mayor adecuación de las condiciones laborales a un entorno caracterizado por la debilidad de la demanda y el elevado desempleo, que para el organismo ha resultado “crucial” para la recuperación de la competitividad de la economía española y del empleo.
