El sector de la leche es uno de los que han sufrido en los últimos tiempos una de la mayores crisis de rentas. Se trata de una situación que se ha traducido en el abandono de miles de explotaciones, en el recorte de animales en las granjas y, en definitiva, en poner en peligro una actividad importante en el medio rural, consecuencia de los bajos precios percibidos por los ganaderos por la presión de la gran distribución y, en muchos casos, de las industrias, junto a un incremento desbocado de los costes. Esta situación se podría enmendar, al menos en parte, si se cumple el convenio que la próxima semana van a firmar los industriales lácteos y la mayor parte de las empresas de distribución con el compromiso de que la leche tenga un precio justo. Eso equivale a renunciar a que deje de ser el actual producto reclamo, siempre a precios de oferta y, en muchos casos, por debajo de los costes de producción con posibles ventas ilegales a pérdidas. No habrá una tasa mínima para la venta de la leche, ni obviamente, un precio mínimo extra oficial para los ganaderos. Pero, ante el llamamiento del Ministerio de Agricultura, se pretende que industriales y, sobre todo, la gran distribución, venda en sus lineales leches en función de lo que podrían ser unos costes mínimos desde el campo, a una cotización de 0,33/0,35 euros, más todos los costes normales del transporte, la industria, el envase etc… toda la cadena de distribución y que , según datos oficiales, situaban el precio final en unos 0,80 euros por litro.
Las empresas que cumplan con estas condiciones podrán utilizar en sus establecimientos el logotipo de Leche Española Sostenible,(LES), como empresa que contribuye a la defensa del tejido lácteo nacional frente a lo importado más barato. La Administración también pretende sensibilizar a los consumidores de que, comprando un producto al precio justo, se apoya el mantenimiento digno del sector alimentario nacional.
Con esta iniciativa de la Administración se contempla la posibilidad de extenderla a otras producciones en el objetivo oficial de proteger y salvaguardar los intereses del sector agrario y de la industria frente a los intereses y los abusos de la gran distribución, donde vender barato es hoy su principal objetivo, tirando, en muchos casos, de todos los productos a bajo coste importados, pero destruyendo el tejido agrario.
Frente a lo que sucedía en el pasado, que las cotizaciones para los productos más importantes se fijaban desde el campo con precios oficiales, en la actualidad, los precios de la mayor parte de los productos los determina la gran distribución en función de sus intereses y de sus estrategias comerciales.
Al margen de la actual coyuntura, el sector de la leche tiene más puntos débiles que otras actividades. Se trata de un campo muy disperso, aunque hoy ya se ha reducido el número de explotaciones, al pasar en una década de 100.000 a las actuales 21.000 granjas, donde han mejorado las condiciones, pero sigue dominando el minifundismo. Los ganaderos han chocado históricamente con el poder más fuerte de las industrias que sí han desarrollado importantes procesos de concentración y, además, con un peso importante de los industriales y distribución francesa. Junto a estos factores, la leche se ha encontrado enfrente con una gran distribución que ha tomado como rehén, como producto barato, en muchos casos, por debajo del coste del agua, grupos que, en aras de sus intereses de vender a barato, fijan un precio bajo a la industria y ésta lo traslada al ganadero hasta asfixiarle.
La leche es un producto fácilmente importable a precios más bajos desde países vecinos excedentarios, lo cual es siempre un arma que tienen en su cartera, tanto la gran distribución como las industrias. Además de todo eso, la leche es un producto perecedero que, a diferencia de los cereales, no se puede almacenar eternamente y que hay que dar una salida rápida.
A todos estos factores, también se sumó la subida de los precios de los cereales y los piensos sin que subieran los costes.
Frente a esta situación de inferioridad y desequilibrio, en los últimos meses se han adoptado o planteado diferentes medidas para tratar de mejorar la posición de los ganaderos.
Una primera fue la obligatoriedad de suscribir contratos entre los productores y los industriales, con precio o elementos para determinar el mismo. Se han generalizado los contratos, pero, dado el mayor peso negociador de los industriales ante los ganaderos, las condiciones que se están fijando en los mismos no son casi siempre justas. El vaquero se mantiene como la parte perdedora al establecerse unas cotizaciones por debajo del mercado. Mientras tanto, los sindicatos reclaman la figura de un mediador para imponer una situación de equilibrio entre las partes.
Una segunda medida fue el protocolo suscrito el pasado mes de septiembre entre el Ministerio de Agricultura, las industrias, Asaja y las asociaciones de la gran distribución, por el que éstas se comprometían a dar a la leche un valor más justo, lejos de los precios baratos reclamo o de la marca blanca. Ese protocolo fracasó, pero fue el germen para que en los próximos días se suscriba un nuevo convenio, esta vez, no con las asociaciones, sino con los industrias y las empresas concretas de la distribución, con el establecimiento de un precio justo para el productor, que parece ya ha tenido, con algunos reparos, el visto bueno de la Competencia. Sería una buena salida, si se cumple, para cambiar el rumbo de la leche.
