En su apuesta por mejorar las pensiones, el Gobierno anunció hace unas semanas que éstas crecerían en función de la subida del Índice de Precios al Consumo (IPC). A la espera de saber cuándo se produciría esa mejora, el ministro de Industria, José Manuel Soria, aseveró ayer que la revalorización de esas prestaciones se producirá con el IPC del próximo mes de noviembre, siguiendo «el compromiso» del Ejecutivo central.
Esta afirmación supondría descartar la posibilidad de cambiar el indicador de referencia para revalorizar dichas prestaciones y pasar a utilizar el indicador a impuestos constantes (IPC-IC), modificación a la que, no obstante, no cerró la puerta el secretario de Estado de Economía, Fernando Jiménez Latorre.
En una entrevista a un diario nacional, el dirigente popular afirmó que, «hasta dónde yo sé», no está previsto que haya más aumentos de impuestos en los próximos meses, aunque apuntó que esa decisión «le corresponde tomarla al Ministerio de Hacienda».
«Es cierto que hemos hecho subidas del IVA y del IRPF que no corresponden con nuestro ideario, sin embargo, ahora mismo, no estamos en una situación en la que podamos elegir tanto lo que nos gusta, sino lo que debemos hacer, lo que es necesario e imprescindible», indicó.
En este sentido, señaló que su departamento «está preocupado por el impacto» que el repunte de los combustibles están teniendo en el IPC. Según explicó, han tenido conversaciones con los grandes operadores y «se les ha planteado que contribuyan a contener la subida del índice y que, al margen de cuál sea el nivel de tasas, la suma del coste del combustible más el margen comercial sea similar a Europa, porque ahora mismo está por encima».
En cuanto a la reforma energética, el ministro reconoció presiones para reformar el sector eléctrico, porque «las medidas que se han tomado para taponar la deuda no han gustado a las compañías». En este sentido, defendió que «si no se controla el déficit, va a seguir acumulándose en el balance de las empresas que no tienen por qué soportar, y el Estado está comprometiendo en amortización e intereses más de 2.000 millones de euros casa año». «Por ello, los ajustes, aunque no gusten, son totalmente imprescindibles», apuntó.
Del mismo modo, defendió las subidas fiscales en el sector e indicó que, cuando se plantearon, la intención era «taponar la generación de nuevo déficit de tarifa en 2013 y años sucesivos. Así, explicó que «la reforma energética viene ahora» una vez que «ya está controlada la generación de déficit» su departamento ya podrá meterse en el marco regulatorio.
Entre las novedades que traerá la reforma, Soria destacó una disminución de la tarifa de último recurso (TUR) desde los 10 kilovatios hasta entre tres y cinco kilovatios.
