La denominada ‘Operación aleta’ ha concluido tras tres años de indagaciones, con un saldo de 50 personas detenidas e imputadas, en el Juzgado de Instrucción de Pobra de Trives, por los delitos de estafa, falsedad documental, simulación de delito, robo de vehículos y receptación, usurpación de estado civil, fraude fiscal, blanqueo de capitales y delito contra la propiedad industrial.
Según informan fuentes de la investigación, todos ellos eran del sector del automóvil y simulaban siniestros y robos de vehículos para cobrar de forma fraudulenta los correspondientes seguros.
Según datos aportados por la Guardia Civil, la investigación iniciada el 1 de junio de 2010, remató hace unas semanas y reunió indicios de que los implicados compraban vehículos de alta gama «gravemente dañados tras un accidente» para «pasado un tiempo colocarlos en una carretera y simular un nuevo siniestro».
También simulaban varios siniestros con un mismo vehículo para cobrar el seguro «y cuando consideraban que ese coche ya estaba involucrado en demasiados, denunciaban su robo por lo que la compañía aseguradora pagaba una última indemnización», de forma que, según los datos aportados, un mismo vehículo pudo facilitar el cobro fraudulento de 4 indemnizaciones en tres aseguradoras diferentes por un total de 147.153 euros.
La organización estaba compuesta por diversos profesionales y empresas del sector, tanto de talleres de reparación, como concesionarios de compra-venta, grúas de asistencia, agentes de seguros, peritos y gestores, además de numerosos particulares «que cedían sus datos o vehículos, de forma voluntaria, a cambio de dinero», según ha indicado la Guardia Civil en su comunicado.
La investigación de la trama contó con el asesoramiento de especialistas en temas mercantiles e inspectores de hacienda pues los beneficios obtenidos «se canalizaban en diferentes empleadas creadas para esta actividad delictiva», y el resultado de las operaciones fue de 600.000 euros cobrados en seguros y un aumento de patrimonio no declarado de un millón de euros, según las mismas fuentes.
Los detenidos e imputados pertenecen a las provincias de Ourense, A Coruña, Pontevedra, Madrid, Toledo, Ávila y Segovia, y la investigación corrió a cargo del Equipo de Delitos contra el Patrimonio de la Guardia Civil de Ourense que, además, realizó ocho registros en los que se recuperaron vehículos robados, componentes mecánicos, equipos informáticos y documentación, y se intervinieron, entre otros, 8 vehículos de alta gama.
La operación contó con el apoyo de agentes del Grupo de Informes y Apoyo a Tráfico (GIAT) de los equipos de Tráfico de Ourense y Pontevedra que estudiaron los vehículos y componente mecánicos hallados para determinar su origen, ya que algunos habían sido manipulados.
También se contó con los cuerpos policiales de Portugal, como la Policía Judiciaria y la Policía de Segurança Pública, localizaron en su país a personas implicadas y vehículos sustraídos, y el taller en el que se modificaban los números de bastidor de los coches robados en España.
