El papa Francisco acaba de publicar diversas disposiciones sobre la transparencia en la gestión de las finanzas públicas de la Iglesia. Es un paso más en la clarificación de los dineros no solo del vaticano sino también de cada una de las diócesis de la Iglesia católica si siguen su ejemplo.
El motu propio al que me refiero no solo impulsa a dar a conocer ‘las cuentas’ a los fieles sino también al buen uso que se debe hacer de los bienes para el fin para el que se recibieron y fortalecer la trasparencia en el destino empresarial de las inversiones.
Comienza con un principio evangélico: el que es deshonesto en las cosas pequeñas está abierto a ser deshonesto en los grandes capitales. De esta manera invita a todos, administradores y fieles, a la honestidad y sobriedad en el uso de los bienes.
Es conocido que el Vaticano se ha adherido a la Convención de Naciones Unidas contra la corrupción y por ello ha decidido adecuarse a las mejores prácticas para prevenir y combatirla. El Papa es consciente de que la corrupción puede manifestarse de diferentes maneras y formas incluso en sectores distintos al de las contratas, y por ello las normas y mejores prácticas a nivel internacional prevén obligaciones particulares de transparencia para las personas que ocupan puestos clave en los sectores público, eclesial y parroquial con el fin de prevenir y combatir, en todos los sectores, los conflictos de intereses, las prácticas clientelistas y la corrupción en general.
Teniendo en cuenta que quienes prestan servicios en Dicasterios del Vaticano, aplicable también a las curias diocesanas y parroquiales, deberán firmar una declaración donde atestigüen:
* que no han recibido condenas definitivas por delitos dolosos en el Estado de la Ciudad del Vaticano o en el extranjero y que no se han beneficiado en relación con los mismos de indulto, amnistía, perdón y otras medidas similares o han sido absueltos de los mismos por prescripción.
* que no están sujetos a procedimientos penales pendientes o, en la medida en que el declarante tenga conocimiento de ello, a investigaciones por delitos de participación en una organización delictiva, corrupción, fraude, terrorismo o relacionadas con actividades terroristas, blanqueo de capitales procedentes de actividades delictivas, explotación de menores, formas de tráfico o explotación de seres humanos, evasión o elusión fiscal.
* que no poseen, ni siquiera a través de terceros, dinero en efectivo o inversiones, incluidas las participaciones o intereses de cualquier tipo en empresas y negocios, en países incluidos en la lista de jurisdicciones con alto riesgo de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo,
* que todos los bienes muebles e inmuebles de propiedad o incluso solamente en posesión del declarante, o las compensaciones de cualquier tipo recibidas por el declarante, en la medida en que el declarante tenga conocimiento de ello, proceden de actividades lícitas y no constituyen el producto o el beneficio de un delito.
* que no tiene, hasta donde sabe el declarante, participaciones o intereses de ningún tipo en sociedades, bancos o empresas que operan con fines y en sectores contrarios a la Doctrina Social de la Iglesia, es decir, que no tienen, ni directa ni indirectamente, dinero en empresas contaminantes, armamentísticas o que atenten contra la dignidad de las personas.
* que no aceptarán o solicitarán, para sí mismo o para personas distintas del Ente en que se presta servicio, por razón o con ocasión del propio cargo eclesial, dádivas, regalos u otros bienes cuyo valor sea superior a cuarenta euros.
El camino abierto en favor de la trasparencia y en contra de la corrupción y la endogamia se irá extendiendo poco a poco a las entidades eclesiásticas de toda la Iglesia católica y pretende ser ejemplo para que la sociedad civil siga el mismo camino.
Urge por ello la trasparencia en todas las entidades de la iglesia: parroquias, cofradías, asociaciones religiosas. Al igual que los trabajadores reciben una nomina controlable por las autoridades civiles, también los sacerdotes y trabajadores de la iglesia han de ser transparentes en sus gastos e ingresos y en todas las gestiones económicas de la institución eclesial que administran.
(*) Catedrático emérito.
