Los grupos parlamentarios Popular y Socialista aprobaron ayer una proposición no de ley para que las Cortes insten a la Junta a promover la constitución del consorcio para la promoción del aeropuerto de Salamanca. El acuerdo llegó a través de una enmienda ‘popular’ al texto que defendió la procuradora socialista Ana Muñoz de la Peña y que enmarcaba la reclamación a la Junta en el ámbito de la política aeroportuaria nacional. Sin embargo, PP y PSOE discreparon sobre el «trato igualitario» del Gobierno autonómico a los cuatro aeródromos de la Comunidad en la Comisión de Fomento y Medio Ambiente.
En ese sentido, Muñoz de la Peña remarcó que la base de Matacán no cuenta con un consorcio para promover la instalación de compañías y la realización de vuelos ‘charter’. Como ejemplo, sostuvo que en la última Semana Santa fue el único aeropuerto de Castilla y León que no contó con esta oferta por lo que denunció la «marginación» a la que se ve sometido por la Junta. Explicó que el comité técnico o ejecutivo no dispone de presupuesto ni de aportaciones del Gobierno autonómico.
Además, la procuradora salmantina exigió a la Junta la creación de un modelo aeroportuario para planificar la promoción y el desarrollo de los aeropuertos de Castilla y León. A ello, el procurador ‘popular’Alfonso García Vicente le recordó que las competencias de gestión corresponden al Gobierno de España y le atribuyó al anterior ejecutivo una gestión «desastrosa» de Aena. «Nos sobran aeropuertos vacíos o semivacíos» dijo por la «ausencia» de un modelo, fruto del «descontrol» de una época de «vacas gordas».
Deuda
Precisamente, el Grupo Socialista presentó otra proposición para instar a la Junta a que abone de «inmediato» los 300.000 euros que adeuda al Consorcio del aeropuerto de Burgos. En este punto el acuerdo entre PP y PSOE no fue posible y García Vicente insistió en los diferentes discursos sobre la discriminación a la que somete la Junta a los aeropuertos de Burgos, León y Salamanca. Además, reconoció la deuda y señaló que el Gobierno regional la saldará cuando esa cantidad tengan «disponibilidad presupuestaria».
Además, el Grupo Popular a través del procurador Óscar Reguera reconoció que no va a poderse implantar «a la mayor brevedad posible», como exigió la socialista Ana Sánchez, el modelo de transporte metropolitano en el área de influencia de la capital zamorana. Reguera explicó que el Ayuntamiento de la ciudad, la Diputación y la Junta tienen la «voluntad» de establecer este servicio, si bien señaló que las dificultades económicas impiden a los consistorios más pequeños hacer frente al «sobrecoste» que implicará, incluso aunque la institución provincial asuma una parte.
Finalmente, la Comisión de Fomento y Medio Ambiente abordó la propuesta del PSOE de instar a la Junta a la creación, tal y como recoge la Ley de Protección Civil de la Comunidad, de un consorcio autonómico de prevención y extinción de incendios.
