La Plataforma de Afectados por la Gestión de las Residencias de Castilla y León advirtió que aunque la mayoría de centros de mayores están cumpliendo con la normativa de salidas y visitas dictada por la Junta, una pequeña parte insiste en “escudarse” en el “miedo” para no cumplir con la legalidad.
De esta forma, la portavoz de la plataforma, Ana Redondo, señala que según su conocimiento muchas residencias que antes infringían la normativa ya la están cumpliendo, pero hay un pequeño grupo que persiste en esquivar lo señalado en la ‘Guía de actuaciones en las residencias y centros de día públicos y privados de personas mayores y de personas con discapacidad de Castilla y León’.
Desde la Plataforma, señalan que las familias entienden las limitaciones previstas en la normativa, pero no comprenden que de forma unilateral algunas direcciones de los centros hayan tomado la decisión de cerrar las residencias.
“Se ha avanzado mucho respecto al pasado”, reconoce Redondo, que persiste en su exigencia de que la Junta cumpla con la “labor de control” para detectar y obligar a los díscolos a seguir las normas. “Las direcciones de los centros no son los tutores legales”, incide, a la vez que reclama una comunicación fluida con las familias.
Redondo reconoce que en los momentos más duros de la pandemia, cuando más incumplimientos se detectaron, mandaron escritos a todas las gerencias provinciales para pedir información. Solo respondió la de Segovia, que señaló que se había llamado a todas las residencias para recordar el obligado cumplimiento de las normas.
Redondo señala que la Plataforma se va a integrar en otra estatal para “ganar fuerza”. “Trabajamos por una futura Ley de Residencias que ponga en el centro el cuidado de la persona y no el beneficio económico”, recuerda, mientras finaliza que estos centros “no son el lugar donde se aparca a las personas que se hacen mayores”, por lo que se deben imponer unas “exigencias mínimas”.
