El Gobierno ha propuesto medidas dirigidas al sector de la construcción con las que espera que se creen en dos años 350.000 empleos en esta actividad, según explicó ayer la vicepresidenta segunda, Elena Salgado.
La ministra de Economía enumeró las principales medidas contenidas en el documento que se va a negociar con los partidos políticos, entre las que destacó las dirigidas a buscar trabajo para los parados del ladrillo en ámbitos conexos al suyo: el de la rehabilitación de viviendas y la eficiencia energética de los edificios.
Asimismo, subrayó la opción de mantener un IVA reducido del 8% al saneamiento de viviendas durante dos años, entre otras ventajas fiscales, así como identificar 2.000 edificios públicos -1.000 el Estado y otros tantos las comunidades y los ayuntamientos- para mejorar su eficiencia energética.
La ministra no quiso detallar cuál sería el coste fiscal de estas medidas, y se limitó a responder que estará «más que compensado con la creación de empleo». A su juicio, «ningún proyecto viable se quedará en el cajón», con especial atención a las pymes y los autónomos, y de ahí la propuesta de que el ICO conceda préstamos de hasta 200.000 euros y que las administraciones tengan un plazo máximo de 30 días para pagar sus facturas.
Para este sistema de crédito directo, se convocará un concurso entre las entidades financieras para elegir a la que lo comercialice, que solo tendrá este cometido por el que recibirá una contraprestación, pero será el Instituto el que asuma «completamente» la cobertura del riesgo de estos préstamos.
La dirigente socialista admitió que las pymes no acceden al crédito no tanto por las cantidades que piden, sino porque no se les proporciona dicho préstamo y desde los bancos «no se hace el análisis» para concederlo. Incluso reconoció que es «relativamente habitual» que cuando finalmente se conceden fondos a pequeñas y medianas empresas éstos tienen «condiciones especiales» que lo hacen más «gravoso».
La reacción de los populares fue rápida -y única, quitando a ICV, que aplaudió las medidas-. Para Génova, el documento presentado por Salgado «no trae prácticamente novedades» ni medidas «concretas», salvo la reducción temporal durante dos años del IVA a las actividades de rehabilitación, que «malcopia» una idea del PP cuyo debate además fue vetado por el Ejecutivo en el Congreso.
Además, se calificó el paquete de medidas de un refrito del análisis de Zapatero del Anteproyecto de Ley de Economía Sostenible y del power-point del Programa de Austeridad remitido por el Ejecutivo a Bruselas. Para el principal partido de la oposición, la reducción temporal del IVA a actividades intensivas en mano de obra fue propuesta por ellos en octubre del 2009 en sus enmiendas a los Presupuestos.
