Ya no queda nada. La pasada semana, la comisión liquidadora de la Cámara Agraria Provincial ponía a la venta los últimos bienes muebles que no habían recibido ninguna oferta en la subasta realizada el pasado mes de septiembre, dando el carpetazo definitivo a una institución con 124 años de historia que ha visto en los últimos años cómo una decepcionante gestión por parte de las organizaciones agrarias ha llevado a su definitiva desaparición.
La precaria situación de la Cámara Agraria Provincial obligó a sus órganos directivos e pasado año al despido de varios de los trabajadores de la institución, tras el drástico recorte de los fondos que desde la Consejería de Agricultura se asignaban a estos organismos de derecho público. El pago de las indemnizaciones por los despidos, con un montante global que supera los 300.000 euros, así como las deudas con proveedores y otros organismos públicos hizo que los representantes de UCCL, que gobernaban esta institución decidieran presentar su dimisión en bloque argumentando que la falta de ayudas del Gobierno regional puso a la Cámara Provincial en una situación «insostenible», con una deuda global de más de 600.000 euros que no podían asumir por falta de liquidez.
UCCL puso la pelota de la desaparición de la Cámara Agraria en Segovia en el alero de la Junta de Castilla y León, a la que ha responsabilizado de la falta de voluntad política de mantener esta institución debido al recorte en las ayudas establecidas; pero quizá esa falta de liquidez se hubiera podido paliar con una adecuada gestión del patrimonio cameral, lastrado por decisiones que, si bien resultan absolutamente ajustadas a la legalidad, que hubieran podido hacer viable esta institución de haberse adoptado de otra manera.
De este modo, la Cámara Agraria repartió entre UCCL y Asaja cerca de 900.000 euros entre los años 2005 a 2007 fruto de la venta de varios inmuebles de propiedad de la Cámara, que destinaron a «fines y servicios de interés agrario», según rezan los acuerdos de pleno en los que se aprobaron.
Así, entre 2005 y 2006, la Cámara Agraria vendió dos locales comerciales sitos en la Vía Roma, por los que obtuvo unos ingresos superiores a los 363.000 euros, que con arreglo a lo estipulado en el régimen económico de las Cámaras Agrarias se repartieron proporcionalmente a su representación UCCL y Asaja.
En marzo de 2007 el pleno cameral aprobó la venta de otros dos locales comerciales y dos plazas de garaje por los que obtuvo unos ingresos de 477.804 euros, que también se repartieron las organizaciones agrarias mayoritarias con un porcentaje del 53% para UCCL y el 47% para Asaja.
La suma de ambas cantidades supone una cantidad global que alcanza los 840.000 euros, que ambas organizaciones decidieron emplear en su propio beneficio para llevar a cabo la compra de locales para las organizaciones o las juntas agrarias repartidas en la provincia. En su momento, la organización agraria La Alianza UPA-COAG alzó la voz contra esta decisión y su representante en la Cámara Provincial de Segovia declinó participar en los plenos donde se aprobaron estas medidas. Su responsable en Castilla y León, Aurelio Pérez, aseguró que la «nefasta gestión» realizada ha dejado a las cámaras «en la ruina total», y precisando que la quiebra de la cámara «no es fruto de los recortes económicos de la Consejería de Agricultura«.
Todo parece indicar que el dinero obtenido por la venta de los inmuebles hubiera podido recapitalizar la Cámara Agraria de Segovia y resolver su precaria situación con una administración realista, según manifestaron algunas fuentes profesionales del sector a esta redacción.
El hecho cierto es que esta institución ha puesto fin a una historia en la que los empleados esperan que la comisión liquidadora obtenga a través de la venta de los activos que quedan el dinero suficiente para hacer frente al pago de sus salarios e indemnizaciones.
