La comunidad autónoma de Castilla y León ha propuesto un modelo alternativo e integral «más sencillo, atractivo e incentivador» al planteamiento de los nueve ecoesquemas que ha realizado el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que parte del concepto de la explotación como un único ecoesquema por explotación con un total de 28 prácticas agroambientales elegibles para acogerse a las ayudas del primer pilar de la PAC.

Según explicó el consejero de Fomento y Medio Ambiente en su condición de consejero de Agricultura y Ganadería, Juan Carlos Suárez-Quiñones, se trata de una alternativa «leal y constructiva» y abierta al diálogo y al consenso con el Gobierno y con las autonomías y que reivindicó como un «primer punto de partida» en un camino en el que, según auguró, con el «complejo» modelo del Ministerio se corre el riesgo de perder financiación europea, entre 1.000 y 1.500 millones anuales.

En el caso concreto de Castilla y León estarían en juego entre 200 y 300 millones de euros al año para los productores por lo que el consejero abogó por una «sustitución razonable» de los condicionantes medioambientales para que las nuevas exigencias «puedan ser cumplidas e, incluso, puedan ser atractivas para los agricultores y para los ganaderos».

«Nos hemos dado cuenta de que el modelo no es el adecuado», explicó el consejero que vaticinó un «fracaso» de seguir adelante la propuesta ministerial de los nueve ecoesquemas que ve «muy encasillada» y «muy compleja«, en un momento, además, en el que se apuesta por la simplicidad administrativa.

No es atractivo

«Exige más pero no incentiva. Simplemente compensa con un determinado importe, pero no lo hace atractivo», resumió el consejero que planteó cambiar los nueve ecoesquemas ministeriales por uno solo «universal» e incentivador, adaptado a las distintas realidades productivas del país y compatible con las prácticas agroambientales del segundo pilar de la PAC.

En concreto, se propone un importe incentivador al acogerse al ecoesquema, un ‘catálogo amplio’ de 28 prácticas de carácter ambiental a elegir, un conjunto de pagos adicionales por las prácticas elegidas que se determinarán como un porcentaje de la ayuda básica de la región productiva en la que se encuentre la superficie y una limitación del pago por ecoesquema a un porcentaje máximo de la ayuda básica.

En este caso, la Consejería de Agricultura y Ganadería propone el 50 por ciento, «que se ajustaría proporcionalmente al importe total de la asignación para el ecoesquema del primer pilar». No obstante, el pago incentivador y los pagos adicionales se podrían establecer también a través de un sistema de contraprestación por puntos y en función de la escala que se determine para definir el pago del ecoesquema.

El pago por incentivo ‘a tanto alzado’ se aplicaría a todas las superficies agrícolas de la explotación, con criterios específicos que deben respetarse en función de las características de las superficies de la misma.

La alternativa de Castilla y León incluye 28 prácticas de carácter ambiental entre las que destacan el aprovechamiento a diente de los pastos por la ganadería, respetando unas cargas ganaderas en la superficie, la regeneración y protección de sistemas adehesados, la rotación espacial de los cultivos de especies diferentes o cultivos mejorantes como vezas, alfalfa y esparceta.

Prácticas necesarias

También contempla la opción de establecer o mantener elementos característicos del paisaje, la creación de hábitats seminaturales de carácter anual, la siembra directa y mínimo laboreo, mantener cubiertas vegetales sobre el terreno y el empleo de la fertilización orgánica en las explotaciones, todas ellas «necesarias, idóneas y extrapolables» a cualquier territorio de la geografía española si bien el consejero de ha mostrado abierto al diálogo y a «sacrificar lo que sea necesario» en aras a una respuesta positiva.

Suárez-Quiñones hizo especial hincapié en que se trata de una propuesta de Castilla y León, y no sólo de la Junta, ya que ha surgido del trabajo con las organizaciones profesionales agrarias y con las cooperativas y ha sido trasladada este mismo viernes a los grupos parlamentarios con un «informe completo» y a los que ha llamado a «arrimar el hombro» en favor de los intereses colectivos para construir «más y mejor campo para Castilla y León».

Algunas comunidades autónomas se han interesado ya por conocer la estructura del sistema alternativo que propone Castilla y León.