La Fiscalía de Málaga solicitó cinco años de prisión para la exalcaldesa de la localidad malagueña de Marbella Marisol Yagüe por promover en 2004 una reforma integral de su casa, para lo que, supuestamente, utilizó en parte materiales del almacén municipal. Además, se le juzgará por no iniciar expedientes sancionadores “pese a conocer que carecía de la preceptiva licencia de obras menores”. También están procesadas otras tres personas.
A Yagüe se le acusa de un delito de prevaricación administrativa por omisión, por el que se solicita nueve años de inhabilitación para empleo o cargo público; y por otro de malversación de caudales, por el que también están acusados las otras tres personas y por el que se pide a cada uno cinco años de prisión y nueve de inhabilitación. El juzgado instructor acordó a finales del pasado año la apertura de juicio oral contra los cuatro.
Según consta en el escrito del ministerio fiscal, Yagüe, que está en prisión cumpliendo condena por el caso ‘Malaya’, contrató verbalmente entre febrero y finales de 2004 —siendo alcaldesa— unas obras de reforma de su vivienda con la empresa Copasur, para lo que el que era responsable de la sociedad, solicitó en nombre de la entonces regidora licencia para acondicionamientos de baños y aseos.
Con el tiempo, “la ejecución de esta obra se convirtió en una reforma integral de la vivienda”, dice la acusación pública, que señala que el Consistorio le requirió que remitiera planos y presupuesto detallado de la actuación “que no se aportaron puesto que este requerimiento no fue atendido por la peticionaria de la licencia”.
“Pese a conocer que carecía de la preceptiva licencia de obras menores, promovió su ejecución y progresiva ampliación hasta convertirse en una reforma integral de la vivienda”, señala el escrito, añadiendo que “con arbitrario e interesado incumplimiento de las obligaciones que le correspondían por razón del cargo que ostentaba y de su condición de máxima autoridad urbanística, no realizó actuación alguna para suspender los trabajos”.
Tampoco impulsó, indica el documento, el inicio de expedientes de disciplina urbanística, que se incoaron por parte de la gestora de Marbella, una vez el Ayuntamiento fue disuelto a raíz del caso ‘Malaya’.
Asimismo, la acusación pública sostiene que los otros acusados, que son el entonces concejal de Obras, Vicente Manciles, y dos técnicos municipales —uno de ellos no es acusado por el Ayuntamiento, personado como acusador particular—, “autorizaron la salida de material de construcción de titularidad municipal” del almacén situado en Las Albarizas “a sabiendas de que iban a ser utilizados para fines ajenos a los públicos”.
El Ayuntamiento marbellí acusa a Marisol Yagüe, Manciles y sólo a un técnico por los mismos delitos que el fiscal, aunque solicita cuatro años de prisión para la exalcaldesa y tres para los otros dos procesados.
