El abogado del exvicepresidente y exconsejero de Presidencia de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías, Gonzalo Martínez-Fresneda, criticó ayer que la declaración como investigado de su cliente por el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos forma parte “de un juicio paralelo con una finalidad claramente política” y anunció que pedirá el archivo de la causa respecto de su patrocinado. El letrado de Zarrías realizó estas declaraciones a los periodistas después de que haya concluido la comparecencia de su patrocinado ante el juez Álvaro Martín dentro de la pieza del procedimiento específico por el que se concedieron las ayudas investigadas en el caso de los ERE irregulares tramitados por la Junta.
De este modo, Zarrías compareció durante apenas diez minutos ante el instructor y, tal y como ya había anunciado por escrito, se acogió a su derecho constitucional a no declarar y ratificó la declaración prestada en el Supremo, en la misma línea de los exconsejeros Carmen Martínez Aguayo y Antonio Ávila, que comparecieron de manera previa y que también ratificaron sus declaraciones como aforados ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
De su lado, la Fiscalía Anticorrupción dejó constancia por escrito en el acta de la comparecencia de una sola pregunta en relación a una carta obrante en el expediente de Primayor que envió un representante del Comité de Empresa al ex director general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero sobre el cobro de nóminas. De este modo, el Ministerio Público le cuestionó sobre si habló con el presidente del Comité de Empresa, Manuel López, o con el entonces consejero de Empleo, tal y como expone la carta, para que se arreglara este asunto, pues en la carta se mencionaría que Zarrías habría dado orden de que se arreglara.
Una vez concluida su comparecencia, Gaspar Zarrías abandonó los juzgados del Prado de San Sebastián de la capital hispalense en un vehículo que le esperaba en la entrada. El letrado de Zarrías, de su lado, criticó en declaraciones a los medios el ‘paseíllo’ que supuso esta nueva declaración y consideró que ésta “forma parte de un juicio paralelo con una finalidad claramente política y en perjuicio de la imagen de los investigados”, pues en el caso de Zarrías “ha tenido que soportar el zarandeo de la gente que había en la puerta” de los juzgados de Sevilla.
Y todo ello “sin que haya una justificación procesal”, lamentó el abogado, quien aseveró que la comparecencia “no tiene ningún sentido”, porque tanto Zarrías como el resto de exaforados que han comparecido ante el magistrado a lo largo del presente mes de marzo “tuvieron ocasión de declarar ante los tribunales ante los que estaban aforados y contestaron unos interrogatorios muy extensos y muy completos, donde no quedó ningún tema por tratar”. “Las partes ya habíamos manifestado nuestro deseo de que no se reprodujeran» estas declaraciones”, relató.
Investigación sobre los cursos de formación
La Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta de Andalucía va a remitir “en breve” a la comisión de investigación creada en el Parlamento sobre las presuntas irregularidades en las ayudas a la formación la totalidad de los expedientes originales reclamados por este órgano.
Así lo anunció en rueda de prensa el presidente de la comisión de investigación, Julio Díaz (Ciudadanos), quien indicó que este “cambio de actitud” de la Junta se produce después de comunicarle al presidente del Parlamento, Juan Pablo Durán, que barajaba la posibilidad de solicitarle amparo si continuaba la falta de colaboración por parte del Ejecutivo. “Esta presión ha tenido mucho que ver”, opinó el presidente de la comisión de investigación.
