El Plan de Inspección del Transporte Terrestre de Castilla y León para 2016 incorpora un Plan Específico de control de las plataformas digitales de contratación de servicios de transporte de viajeros en vehículos de turismo particulares por entender que implican “una gran perturbación en la ordenación y en la seguridad del transporte” e inciden en la libre y ordenada competencia entre las empresas que operan en el mercado por lo que “podrían ocultar diversas formas de fraude que es preciso erradicar”.
La inspección de este tipo de transporte comprobará fundamentalmente si se trata de un servicio compartido, y por tanto, sus gastos también, donde se entiende por servicio de gastos compartidos aquel que se produzca esporádicamente, no de forma constante, ni regular, y que reparta los gastos de combustible y peaje entre todos los ocupantes del vehículo, incluido el conductor.
“Si no se dan estas circunstancias se trataría de un transporte público discrecional de viajeros en vehículos de turismo, esto es, en taxis, y por tanto, estaría sujeto a la posesión de la correspondiente licencia municipal y sus reglamentos correspondientes”, advirtieron desde la Consejería de Fomento y Medio Ambiente.
Además y según informaron desde el departamento que dirige Juan Carlos Suárez-Quiñones, como novedad el Plan adapta el ‘baremo sancionador’ a las determinaciones contenidas en la modificación de la Ley de Ordenación de Transporte Terrestre para adecuarlo a las nuevas exigencias de esta actividad, “todo ello en estrecha e imprescindible colaboración con la Guardia Civil”.
El Plan de Inspección de Transporte Terrestre de Castilla y León 2016 contempla también la vigilancia y control selectivo de los servicios de transporte de mercancías, las peligrosas y el transporte de viajeros, especialmente el de escolares y menores.
Integrado en la Estrategia para la Seguridad Vial en Castilla y León, el plan tiene como objetivo fundamental la ordenación del mercado de transporte y el control del cumplimiento de la normativa para garantizar la libre competencia “y lograr un transporte eficaz, de calidad y seguro”.
Según recordaron desde la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, las inspecciones selectivas tienen como objetivo fomentar el cumplimiento de las normas y durante 2016 darán prioridad a la correcta prestación conjunta del servicio de transporte público regular de viajeros de uso general y especial de escolares y al desarrollo del transporte a la demanda.
Así, incidirá en el control de los tiempos de conducción y descanso donde se vuelve a hacer hincapié y requerimiento de la información que aportan los tacógrafos tanto analógicos como digitales, con especial atención a los tiempos máximos de conducción diarios, semanales y bisemanales, los descansos y las conducciones máximas ininterrumpidas.
Para este año el objetivo será proceder a la lectura de 107.000 jornadas de trabajo de conductores profesionales.
Igualmente este año está previsto incrementar la inspección contra la manipulación del tacógrafo en polígonos industriales, áreas metropolitanas de alto desarrollo industrial y en pequeños recorridos con velocidades muy cortas, “ya que, según la Guardia Civil, es en estas zonas donde se constataron las manipulaciones”.
Otro de los objetivos del plan es extremar la vigilancia del transporte escolar tanto en las rutas regulares específicas como en la prestación conjunta de transporte de viajeros de uso general y especial de escolares, modalidad autorizada en 2014 y de la que existen en este curso 267 rutas en funcionamiento.
En ambos casos, además de controlar los aspectos directamente relacionados con la seguridad vial, tiempos de conducción y descanso, ITV, seguros, antigüedad de los vehículos, etc., los servicios territoriales de Transportes y la Guardia Civil realizarán controles específicos trimestrales con el fin de inspeccionar todas las rutas existentes en cada provincia.
A este respecto, a final de año está prevista la puesta en marcha de una campaña específica dirigida por la Dirección General de Tráfico en colaboración con las comunidades autónomas y la Guardia Civil para controlar, entre otros aspectos, si las empresas mantienen las mismas condiciones que cuando fueron adjudicatarias de los distintos servicios.
