El Servicio de Apoyo Integral a las Familias en Riesgo de Desahucio de Castilla y León ha recibido más de 500 solicitudes de ciudadanos desde que se puso en marcha a principios de noviembre, según los datos facilitados ayer por la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Milagros Marcos, quien señaló que «todas las personas que están solicitando el servicio están prácticamente atendidas» y que, por los informes que tienen hasta ahora, sus resultados están siendo «favorables y positivos».
Marcos recordó que la Comunidad lanzó en noviembre de 2012 «un programa integral» para atender a este colectivo «con carácter pionero a nivel nacional» y que además está trabajando junto a la asociación que ayuda a las familias en riesgo de desahucio, con todas las corporaciones locales y con las entidades financieras, así como dedicando parte de sus esfuerzos a la «prevención», orientando a los ciudadanos en situaciones de riesgo para intentar evitar que lleguen a perder su vivienda.
En este contexto, apuntó que «todas las medidas que se adopten a nivel nacional serán positivas para facilitar aún más la labor de los profesionales de la Comunidad y la solución de problemas tan complejos como asociados a los desahucios».
Por último, hizo un llamamiento a todas las familias de la región que se enfrenten a una situación de este tipo a que llamen al teléfono 012, recalcando que desde allí recibirán «una derivación inmediata y un atención prácticamente también inmediata» con equipos de profesionales de los Servicios Sociales en «todas las provincias» que «les atenderán encantados para intentar en la medida de lo posible prestarles ayuda».
El teléfono 012 contará con un protocolo de atención activo, que permite evaluar el caso, determinar el cumplimiento de los requisitos de acceso, la urgencia y, sobre todo, asignar citas a las familias con profesionales que atenderán cada caso en la oficina local correspondiente. Más de 50 trabajadores de las corporaciones locales, que han recibido en estas últimas semanas formación específica, diseñan, en coordinación con la Conserjería, planes de economía familiar individualizados.
Los trabajadores, titulados en Derecho, Economía o Trabajo Social, ofertan también a la familia información y asesoramiento en relación con las dificultades en el pago de los préstamos hipotecarios y las consecuencias que pudieran tener sus impagos.
Toda la información proporcionada por las oficinas locales sobre cada uno de los casos será analizada en los servicios centrales de la Consejería de Familia, que, cuando sea preciso, actuarán como interlocutores entre las familias y las entidades financieras titulares de los préstamos, para estudiar soluciones adaptadas a su capacidad económica. El objetivo es ayudar a las familias a elaborar un plan de reestructuración de la deuda u otras alternativas, que posibiliten la obtención de un acuerdo entre ambas partes. Asimismo, se ofrecerá orientación laboral a aquellas personas que lo necesiten.
