El Consejo de Ministros aprobó ayer el decreto ley de medidas para la regularización y control del empleo sumergido, que establece un período de adaptación voluntaria de tres meses, hasta el 31 de julio, y que endurecerá desde ese momento las sanciones administrativas a empresas y asalariados, llegando a multiplicar las multas hasta por cinco en algunos casos.
El ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, quiso dejar claro que el plan está pensado para recuperar el mayor número de cotizantes posible, a lo que añadió que tampoco habrá ninguna amnistía, puesto que solo desde el primer día en que se den de alta los trabajadores en la Seguridad Social las empresas podrán acceder a bonificaciones y ayudas.
«No miramos al pasado pero no habrá amnistía. Durante el período de tiempo anterior (al alta del trabajador) no tendrán que pagar nada, pero tampoco habrá derechos reconocidos para nadie, se tendrán en cuenta a partir de que el asalariado y la empresa sean dados de alta en su nueva situación», señaló.
Por otro lado, Gómez sostuvo que lo que sí hace el plan es «advertir con tiempo suficiente de que la legislación se va a endurecer mucho». «No hemos querido sorprender», añadió, para apostillar que «este tipo de anuncios surten efectos positivos».
Por otro lado, desde el Gobierno también se defiende que la iniciativa servirá para «incrementar el sistema de protección social y las garantías de los trabajadores».
Según especificó el titular del ramo, el texto establece que una empresa que incumpla la obligación de alta de un trabajador en la Seguridad Social tendrá a partir de agosto una sanción mínima de 3.126 euros, cinco veces superior a la actual de 626 euros, y máxima de 10.000 euros, frente a los 6.250 euros actuales.
Por otro lado, cuando el trabajador compatibilice el cobro de la prestación por desempleo con trabajos en negro la firma verá incrementado el cargo mínimo de 6.251 euros a 10.000 euros, mientras que el máximo se mantendrá en los 187.515 euros.
Además, la iniciativa comprende una intensificación de la vigilancia y control del empleo no declarado por parte de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en el marco de las distintas acciones emprendidas contra el fraude en los últimos años.
