Por cuenta de las hermanas del rey Felipe VI, las infantas Cristina y Elena, que se vacunaron fuera de España, se han levantado oleadas de fariseismo en nombre de la moralidad en la vida pública. Empezando por el expresidente del Gobierno, José María Aznar, el de la pretenciosa boda de El Escorial, que acusa a los servidores de la Monarquía de ser los primeros descreídos de la institución. Y terminando por el podemismo instalado como un cuerpo extraño en el Gobierno de la nación, instalado en cacerolada permanente contra la Monarquía.
Echan humo las redes sociales preguntándose si acaso los seguidores de Iglesias Turrión habrán echado cuentas para comparar el coste de la vacuna de las infantas, que incluye el pago de dietas a sus escoltas policiales, con el coste de la niñera de la ministra Montero. Me temo que no.
La ocasión de ponerse estupendos reclamando ejemplaridad a los miembros de la familia del Rey ha desbordado los límites del sentido común en un insólito rasgado de vestiduras. Nunca hubiera imaginado tantísimo interés por las andanzas personales de unas señoras que desde 2014 ni siquiera pertenecen a la familia real.
Entiendo el deber estético de las infantas de ser ejemplares y no dar cuartos al pregonero. Sobre todo, cuando la imagen pública de la Corona presenta daños tan serios como los ocasionados por la reprobable conducta del rey emérito, Juan Carlos de Borbón. Pero la desproporción entre el calibre del pecado y la tormenta mediática me parece enorme, si nos atenemos a hechos verificables.
Primero: como principio general, la vacunación no solo beneficia al vacunado, sino a todos. Segundo: por mucho que se insista en imputar ese reproche a las infantas, es incierto que se hayan saltado ninguna cola en el marco nacional de nuestros pecados, que es donde hacemos encajar la censura a las infantas. En todo caso, si se la saltaron en Abu Dabi (Emiratos Árabes), que se lo demanden allí.
Tercero, la escolta policial que garantiza la seguridad de las hermanas del Rey es de obligado cumplimiento, aunque los agentes perciben dietas especiales en caso de desplazamientos al extranjero, como ocurre con los escoltas de cualquier otro cargo o personaje público con protección legalmente asignada.
Y cuarto, vacunarse fue una condición sanitaria exigida para poder visitar a su padre. Me parece infantil la falsa excusa de que otros españoles no pueden visitar a sus padres por las restricciones de la pandemia. Si apuramos el argumento, acabaremos en el absurdo: ¿Por qué no renuncian las infantas a los escoltas que cuestan un dinero al erario público? Vale, pero por el mismo precio, ¿por qué no una escolta a cada español para que las infantas entiendan que son como cualquier hijo de vecino?
