El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Segovia parece dispuesto a elevar la apuesta tras conocer la sentencia del juzgado de lo Contencioso Administrativo que anulaba la adjudicación del contrato de gestión del Festival de Cine Europeo a la empresa Trípode Cultural por parte de la Concejalía de Cultura, y solicita formalmente la dimisión de su responsable Gina Aguiar al considerar que su gestión es “inaceptable e intolerable”.
Tal y como anunció en la tarde del jueves, el portavoz municipal Pablo Pérez Coronado expuso ayer ante los medios de comunicación los detalles de la resolución judicial que tumba el contrato con la empresa al considerar que su tramitación no estaba ajustada a Derecho, y recordó que la sentencia pone el colofón a meses de dudas y de falta de transparencia en la gestión de la Concejalía que ahora el juzgado verifica como ciertas.
Pérez aseguró que Aguiar debe presentar su dimisión “si tiene un poco de dignidad política, algo que dudo porque no ha sido capaz de pedir perdón”. “En política, se asumen responsabilidades y se dimite”, afirmó el portavoz Popular, que aseguró que la sentencia ha dejado patente “las irregularidades, el dedazo de la concejalía, la ausencia de arrepentimiento de la concejala, la corruptela y la falta de transparencia”.
Asimismo, señaló que la alcaldesa Clara Luquero deberá tomar cartas en el asunto si la concejala no dimite, ya que de no hacerlo se convertirá “en cómplice” de esta situación.
Pérez recordó que el Juzgado de lo Contencioso Administrativo admite en la sentencia firme la totalidad del recurso que presentaron contra el decreto de adjudicación del contrato de dirección, tras detectar irregularidades a finales de verano. Así, indicó que la concejalía había adjudicado un euro por debajo del límite que marca la Ley para sacar un contrato a licitación pública a una asociación que no existía todavía como tal y faltaban informes importantes.
“Decidimos acudir al Juzgado porque nuestra obligación como oposición es la de velar por los intereses de los segovianos y por la buena gestión del dinero público -añadió Pérez-, algo que se critica de forma constante por parte del equipo de Gobierno, que en lugar de asumir responsabilidades se está dedicando a mentir, a cuestionar al juez y a reinterpretar lo que dice la sentencia, construyendo un nuevo relato”.
Criticó también el intento de la concejala de restar importancia a la sentencia bajo el argumento de que es un contrato menor, y aseguró que “cualquier sentencia en contra lo que afirma es que las cosas no se han hecho bien y todo tiene trascendencia, porque los procesos de contratación se hacen con dinero público y no se puede administrar en base a nepotismos y favoritismos”.
Asimismo, indicó que “pocas veces una victoria ha sido tan amarga”, y cargó contra la gestión de la concejala Aguiar, al asegurar que “si no dimite por esto, ¿qué barbaridades puede llegar a hacer?”.
En cuanto a la posibilidad de que el Ayuntamiento presente un recurso de casación ante el Supremo contra la sentencia, el PP “vería con buenos ojos” esta posibilidad, ya que “tendríamos una mayor garantía jurídica”. “Por mi, como si quieren recurrir ante el Tribunal de Derechos Humanos, porque el juzgado ha demostrado la ilegalidad y estoy convencido de que cualquier tribunal lo refrendará”.
