La Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL) demandará por impago a la multinacional British Sugar por el incumplimiento del acuerdo suscrito en marzo de 2008 entre la Junta, Acor y Azucarera Ebro -adquirida por la firma británica-, por el que se establecía que el importe del tubérculo no se pagaría al cultivador por debajo de los 40 euros por tonelada. Estas acciones judiciales que iniciará UCCL se presentarán en los juzgados de La Bañeza (León), Toro (Zamora) y Miranda de Ebro (Burgos), las tres ubicaciones en las que la firma del Reino Unido tiene presencia.
Así lo avanzaron ayer miembros de la organización profesional agraria, quienes acusaron a la compañía de querer desmantelar la industria española de la remolacha y quedarse con el mercado, lo que provocaría la desaparición casi total del sector en pocos años. De este modo, el responsable del área de remolacha de UCCL, Juan Antonio Rodríguez, lamentó la «desilusión» que esta situación de incertidumbre provoca entre los activos remolacheros, y que ha llevado a la desaparición en los últimos años de más de 20.000 hectáreas de superficie de este tubérculo en la Comunidad, hasta las actuales 31.000, una reducción en proporción a la del número de cultivadores, que ha pasado de los 10.000 de 2006 a los 6.000 de este año.
En este sentido, UCCL no entiende esta situación causada por British Sugar, dado que en la actualidad se registran los precios máximos históricos de azúcar a nivel mundial, justo cuando la empresa más ha bajado los precios en origen «y se queda con la diferencia en el bolsillo». En cambio, Acor sí reparte beneficios, según UCCL.
Rodríguez denunció que los agricultores «están firmando contratos con la empresa del Reino Unido al inicio de la campaña sin saber a cuánto se lo van a pagar y, además, por debajo del precio fijado en el acuerdo de 2008». Un aspecto que achacó a los «vergonzosos» pactos alcanzados en junio pasado en la mesa del Acuerdo Marco Interprofesional (AMI) entre la propia empresa británica y las organizaciones Asaja, COAG y UPA, y que conllevarán, por ser vinculantes para el agricultor, la pérdida de más de un millón de euros por parte de los cultivadores castellanos y leoneses.
La incertidumbre es aún mayor si se tiene en cuenta que estos acuerdos son desconocidos y no se han publicado en ningún estamento oficial, «por lo que ni los conoce UCCL, ni tampoco los propios remolacheros», a quienes, no obstante, sí que les están aplicando una reducción en los precios. «No se entendería que un pacto alcanzado en el Consejo de Ministros no se publicase en el BOE o en otro documento para que todo el mundo lo pudiera ver. Por ello, nosotros pedimos que se conozcan, porque los agricultores solo ven cómo les reducen el precio del tubérculo, y encima no saben las causas, ya que esos acuerdos no han salido a la luz, porque les da vergüenza», denunció.
