La sede del juzgado Contencioso-Administrativo de Segovia dirimió ayer la vista sobre la denuncia presentada por el grupo de concejales del PP en el Ayuntamiento por la adjudicación del contrato del Festival de Cine Europeo a la Asociación Trípode Cultural, en la que los populares solicitan la invalidación del procedimiento.

El portavoz Popular Pablo Pérez y el abogado César Gómez, que ha defendido los intereses del grupo en esta causa valoraron tras concluir el juicio las evidencias demostradas por las partes, donde en opinión de Pérez ha quedado demostrada la posible fragmentación del contrato en su cuantía, ya que se adjudicó a la asociación Trípode Cultural por 14.999 euros, , un euro por debajo del límite legal marcado para un contrato menor, pero a mayores, había presupuestados conceptos en el contrato de adjudicación de la dirección que, en principio, tenían pensado abonar a sus miembros, de manera individual, por lo que el Grupo Popular entiende que serían pagos duplicados.

“Aunque sólo fuera 1 euro más lo que se pagara a esas personas, ya estaríamos hablando de fragmentación del contrato al ser conceptos que ya estaban previstos en el concepto de dirección adjudicado a la asociación”.

Pérez señaló que también ha habido fragmentación a nivel temporal puesto que si el Festival se celebra de manera plurianual “no se podía adjudicar su dirección por un contrato menor sino que se tendría que hacer a través de licitación pública”.

En este punto, el portavoz popular ha evidenciado una de las contradicciones del Ayuntamiento en este proceso, ya que el letrado que representaba a la corporación ha argumentado que el Festival Internacional de Cine de Segovia “no es un evento que se celebre de forma recurrente en la ciudad, cuando todos sabemos, según Pablo Pérez, que, bajo el nombre de MUCES, llevaba celebrándose en Segovia, de manera ininterrumpida, desde hace 15 años”.

También ha expresado su sorpresa por la presentación por parte del Ayuntamiento de documentación “que no entregaron ni enseñaron a los concejales populares ni en la Comisión de Cultura ni en las dependencias de la Concejalía, cuando los habíamos solicitado en varias ocasiones, lo que evidencia la falta de transparencia en la gestión municipal del ejecutivo socialista de Clara Luquero».

César Gómez Gonzalo abundó en este sentido que los documentos son “relevantes”, e incluyen «un informe explicativo de la actuación que ha tenido la Concejalía de Cultura hasta la fecha, hecho con posterioridad, documentos, que vienen sin fechar y sin firmar, de autoría desconocida y sobre todo un documento de propuesta de aprobación del gasto y de necesidad de la celebración del contrato”.

Documentos relevantes

El letrado señala que estos documentos “no acreditan la necesidad de celebración del contrato por parte del Ayuntamiento de Segovia sino la necesidad de adjudicar el contrato a una persona determinada que es la Asociación Trípode Cultural sobre la que ha habido desde el principio ciertas sospechas por parte de la formación popular, ya que los licitadores iniciales eran tres personas físicas y la Asociación se constituyó como tal poco antes de adjudicar el contrato”.

La formación que lidera Pablo Pérez esperará a conocer la sentencia para valorar la trascendencia de la misma y determinar o no si reclaman responsabilidades políticas.

“Desde el Grupo Municipal del PP no vamos a consentir que el dinero de los segovianos se gestione de manera irregular. Vamos a ser muy disciplinados a la hora de exigir la gestión de cada euro de los segovianos y por eso hemos acudido al juzgado. Y no dudaremos en defender los intereses de nuestros vecinos, como hemos hecho en este caso”, afirma el portavoz popular.