El Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Segovia será sede este miércoles, día 24, del juicio del caso Trípode, tras la denuncia del Partido Popular que persigue que sea un magistrado el que dictamine si el Ayuntamiento ha cometido alguna ilegalidad en la adjudicación del contrato de la dirección del festival internacional de cine de Segovia a la asociación Trípode Cultural.
El pasado mes de diciembre este juzgado admitió la demanda interpuesta por el PP en el consistorio segoviano ante lo que consideraban una actuación del gobierno municipal socialista irregular y opaca. “Nuestra responsabilidad y nuestro deber como principal grupo de la oposición es velar por los intereses de los segovianos y controlar y revisar aquellos actos que puedan constituir una ilegalidad o incluso una mera irregularidad administrativa, como entendemos que así ha sucedido con la adjudicación del festival de cine”, señala el viceportavoz popular, Marco Sandulli.
Afirman los populares que no lo tuvieron fácil para acceder al expediente administrativo completo y, una vez revisada la información que les facilitaron, apreciaron ausencias importantes y defectos formales que les llevaron a tomar la decisión de llevar este proceso a los tribunales de justicia.
Sandulli puntualiza, sin embargo, que, “curiosamente, una vez presentada la demanda y de manera sorprendente”, el Ayuntamiento incluyó en el expediente administrativo documentación que habían solicitado los concejales populares y que nunca se les facilitó e incorporó escritos sin firma “con explicaciones y justificaciones que jamás —incide el viceportavoz popular— se dieron antes de interponer la demanda. En su momento dijimos que esperábamos que no apareciera más documentación de la que nos habían facilitado, pero así ha sido”.
Precisamente, la falta de varios informes exigidos tanto en la Ley de Contratos del Sector Público como en la propia normativa presupuestaria del Ayuntamiento fue una de las razones que despertaron las dudas de los populares sobre este proceso.
Además, en el PP consideran significativo que se fijase el precio de este contrato de servicios en 14.999 euros, uno por debajo del límite previsto para los contratos menores, “eludiendo así todo tipo de licitación pública, cuando podía haber sido el momento para ello ya que se iniciaba una nueva etapa en el festival”, indican.
A la formación popular le sorprendió que la dirección se adjudicase “a una asociación que no existía hasta ese momento y que, como tal, no había dirigido ningún festival, por lo que no había garantía de su solvencia técnica y profesional para ello”.
Mas dudas generó en el grupo municipal “que pagaran por un lado a la asociación Trípode Cultural por la dirección y organización y, por otro, a sus miembros, de manera individual, por trabajos que ya estaban incluidos en la propia dirección, lo que significa que el precio del contrato había sido claramente fraccionado”.
El principal grupo de la oposición asegura que ha optado por la vía judicial “porque es el Juzgado de lo Contencioso el único órgano independiente competente para valorar si las irregularidades apreciadas constituyen una manifiesta irregularidad o una irregularidad invalidante”, según indica Sandulli quien añade: “Queremos que quien gobierna nuestra ciudad actúe con rigor y lleve a cabo procesos impolutos de contratación”.
