La Fiscalía ha confirmado su petición de prisión para los doce acusados involucrados en la ‘Operación Resurgir’ de vender cocaína en Segovia entre 2018 y 2019, y todos ellos han pedido una sentencia absolutoria después de que la Sala declarase nulas las escuchas de la Guardia Civil que los incriminaba. La Audiencia Provincial de Segovia ha celebrado este jueves la última sesión de un juicio, que ha quedado visto para sentencia, en el que doce procesados se enfrentan a penas de entre cinco años y dos meses de prisión hasta nueve años y medio de cárcel, y multas que van desde los 16.390,51 hasta los 2,8 millones de euros.
La investigación, llevada a cabo por la Guardia Civil entre enero y julio de 2019, con la que se detectó la presunta implicación de los acusados en el aumento de venta de drogas que se produjo en Segovia a finales del año 2018, especialmente de cocaína. Según se ha puesto de manifiesto este jueves durante las conclusiones del juicio, el pasado 18 de enero la Sala 1ª de Audiencia Provincial de Segovia ya emitió un auto por el que declaraba nula la autorización del Juzgado de Instrucción a la Guardia Civil para realizar escuchas telefónicas a los acusados.
El abogado de dos de los procesados, Israel Tapias, ha precisado en declaraciones a los medios a la salida del juicio que el auto consideró que tales intervenciones «adolecían de las más mínimas garantías y no estaban motivadas». Lo que han defendido los letrados hoy es que, consecuentemente, el resto de pruebas que se derivan de las escuchas, como los registros domiciliarios o la incautación de sustancias, carecen también de validez.
No lo ha considerado así el fiscal, que ha mantenido su petición de condena para todos y cada uno de los acusados en los mismos términos en los que los solicitó inicialmente, al estimar que los hechos han quedado «plenamente acreditados» «a pesar de la impugnación de las escuchas». Se ha referido a otras pruebas independientes, como el testimonio de los agentes que han declarado como testigos, las vigilancias practicadas al domicilio de algunos de los acusados o los informes de las diligencias de la Guardia Civil.
Tres de los acusados lo están de un delito contra la salud pública con sustancias estupefacientes que causan grave daño en cantidades «de notoria importancia» y por pertenencia a organización criminal, por ser los que supuestamente mantenían las reuniones, llegaban a acuerdos con compradores y transportaban la droga. El fiscal pide para ellos entre ocho años y dos meses de prisión y nueve años y medio, en este caso por reincidencia, y una multa de 259.540,45 euros para cada uno.
Otros ocho presuntos participantes del entramado, de los cuales dos están actualmente en prisión, están acusados del mismo delito contra la salud pública pero en cantidades menores que los anteriores y también del de pertenencia a grupo criminal. Cinco de ellos por supuestamente vender droga al menudeo y tres mujeres, pareja de alguno de los acusados, por prestar «auxilio» en las labores de transporte, distribución y venta de drogas.
Para todos ellos las penas solicitadas oscilan entre cinco años y dos meses de prisión y siete años y cuatro meses de cárcel, mientras que las multas son de 16.390,51 euros para cada uno. El último acusado, en prisión actualmente, no lo está de pertenecer al grupo criminal pero sí del delito más grave, contra la salud pública por sustancias que causan grave daño a la salud en cantidades que exceden notablemente la considerada como «de notoria importancia».
En concreto, por la supuesta venta de 11.370 gramos brutos de cocaína que hizo traer desde Colombia a España, hechos por los que el fiscal pide para él la pena de nueve años de prisión y una multa de 2.779.877,72 euros. Los tres acusados que ya cumplen condena han insistido en su inocencia en sus últimas palabras en el juicio y, cuando han abandonado la sede, han sido vitoreados y animados por decenas de amigos y familiares que esperaban en la calle, antes de subir al furgón que los ha devuelto a prisión.
