El Gobierno no tiene previsto asignar al nuevo sistema de formación profesional para el empleo más recursos de los ya previstos en los Presupuestos Generales del Estado de 2015, que superan los 1.600 millones de euros.
Así consta en la memoria de impacto que acompaña al decreto ley de reforma de la formación profesional, en la que el Ejecutivo afirma que el desarrollo del nuevo sistema no implicará un aumento del gasto ya previsto, y que deberá ser asumido por las “diferentes administraciones públicas” competentes en la gestión de la formación para el empleo.
En concreto, la formación programada en las empresas para sus propios trabajadores —que se financia mediante bonificaciones en las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social y aportaciones de las propias compañías, incluyendo a partir de ahora las más pequeñas— contará con los 605 millones de euros presupuestados en el Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE) para bonificaciones de cuotas.
Por su parte, la oferta formativa para trabajadores ocupados —responsabilidad de las empresas y de las diferentes administraciones a título de complemento y que funcionará por concurrencia competitiva de quienes quieran ofrecerla— se realizará con cargo a los 299 millones de euros previstos en el presupuesto del SPEE, de los cuales 121 millones estarán gestionados por las comunidades autónomas según el reparto acordado en la conferencia sectorial.
Finalmente, la oferta formativa para trabajadores parados se financiarán con cargo a 700 millones de euros del Servicio Público de Empleo, también a repartir entre comunidades autónomas, aunque “todo o parte de estos fondos, según acuerden las administraciones competentes, podrán destinarse a los ‘cheques formación’”.
Con respecto al desarrollo de nuevas iniciativas como la Cuenta de Formación, el Catálogo de Especialidades Formativas o el Registro Estatal de Entidades de Formaciones, serán también las comunidades autónomas y el Servicio Público de Empleo los que se encarguen de su financiación. Este último ya experimentó un incremento de 2 millones de euros con respecto al año pasado en su partida para este tipo de gastos, afirma el Ejecutivo.
“Asimismo, hay que tener en cuenta que los desarrollos o trabajos que deban realizar las comunidades autónomas (en este ámbito) se podrán financiar con cargo a los fondos de modernización de los Servicios Públicos de Empleo Autonómicos, que ascienden a 100 millones en 2015, frente a los 15 millones de 2014”, se añade en la memoria.
Finalmente, el presupuesto de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo o el de las administraciones competentes, según corresponda, respaldará las actividades de las llamadas estructuras paritarias sectoriales previstas en el decreto ley.
“Por todo ello, se considera que la ejecución de las iniciativas propuestas no supondrá un aumento del gasto inicialmente previsto en los presupuestos aprobados para 2015 en los diferentes organismos y administraciones afectadas”, reitera el Gobierno.
Por otra parte, la reforma tendrá “múltiples efectos positivos” sobre la eficiencia del mercado de trabajo, ya que “una mejor cualificación incrementa la productividad” y la empleabilidad de los trabajadores. Algo importante dado que la formación beneficia sobre todo a los trabajadores que poseen una menor cualificación, ya que suelen ser los más vulnerables y los que más riesgo tienen de caer en el desempleo.
