El Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, las organizaciones agrarias y las cooperativas agroalimentarias por fin han reanudado las conversaciones para desarrollar el Plan de choque para el sector agrario, prometido a finales del pasado año a los representantes del sector en Moncloa por el presidente Zapatero. Desde entonces, con pocas excepciones, los puntos que contiene han quedado bloqueados en las respectivas mesas de trabajo sin que se haya producido la respuesta que espera y demanda el sector.
En los últimos meses, con la remodelación del Ejecutivo y con un Ministerio desarmado, el plan había caído en el olvido por parte de las administraciones y del propio sector, que ya no esperaba nada del mismo. Con la llegada de Rosa Aguilar como nueva ministra, una de sus primeras decisiones ha consistido en retomar las cuestiones pendientes con la esperanza de que, a poco más de un año para las generales, y con las citas autonómicas y locales a la vuelta de la esquina se articulen soluciones.
No obstante, la nueva ministra, antes siquiera de comprobar la evolución de las negociaciones, ya habría advertido sobre la posibilidad, más bien el riesgo, de que algunas medidas puedan no tener solución inmediata debido a los recortes de fondos recogidos en los próximos Presupuestos Generales del Estado.
Hace ahora un año, los días 20 y 21 de noviembre de 2009, tuvo lugar la mayor movilización agraria de las últimas décadas, tanto en el campo como en Madrid, contra la política agraria del Ministerio de Medio Ambiente.
La ya hoy ex ministra Elena Espinosa no se entrevistó en aquella jornada con los representantes de las organizaciones agrarias y las cooperativas y, solo varios días después admitía la constitución de varias mesas de trabajo para hacer un seguimiento de las reivindicaciones del campo.
Moncloa no consideró que tal respuesta fuese acorde con el tamaño de la protesta y el presidente del Gobierno se reunió con el sector el 29 de diciembre, con casi una veintena de puntos sobre la mesa que recogían la práctica totalidad de las demandas pendientes, desde las que requerían aportaciones financieras a otras que solo necesitaban respuesta política.
Del conjunto de ese ambicioso plan de choque, en los últimos meses solo se han dado respuestas parciales a algunas peticiones en materia de financiación. Por un lado, para la concesión de créditos, a través de diferentes líneas del Instituto de Crédito Oficial, el ICO, con avales para la cobertura de las entidades frente al riesgo de fallidos.
En el mismo marco financiero, se dieron igualmente respuestas para lograr una refinanciación de los créditos y se puso en marcha un período de carencia de dos años en el pago de los intereses. También se modificó, para bien, la situación de los créditos ganaderos que se habían concedido con motivo de la crisis de 2008, ampliándose en dos años su carencia. Además, hubo una respuesta positiva desde la Sociedad Estatal para la concesión de avales, Saeca.
En la parte positiva de este Plan cabe destacar, asimismo, la aprobación en el Parlamento de la ley de Morosidad, por la que, de forma progresiva, el sector agrario deberá cobrar sus ventas en un plazo de 30 días si se trata de productos frescos y de 60 para los no perecederos. La Administración socialista no presentó ninguna propuesta de ley en esta dirección y optó por sumarse a una iniciativa de la oposición. En cualquier caso, es una medida positiva, largamente reclamada por la industria alimentaria frente a la gran distribución.
Frente a estos dos puntos positivos, el resto de demandas no han sido atendidas y si lograr un compromiso con el Ministerio de Medio Ambiente era una tarea difícil, arrancar garantías cuando entran en juego competencias de varios departamentos ha resultado prácticamente imposible.
Así, no se ha logrado un acuerdo sobre la modificación en el sistema de las tarifas eléctricas para riego. El sector reclamaba más horas valle y, sobre todo, la posibilidad de hacer contratos cortos o por temporada. Las negociaciones con Industria y las eléctricas no dieron sus frutos y se echó en falta una posición más comprometida desde Medio Ambiente. No hay un gran margen para un buen acuerdo si por detrás no existe respaldo político.
Tampoco hubo consenso, y probablemente no se producirá, en lo que afecta a los cambios en el IVA percibido por los ganaderos en sus ventas. Los agricultores pasaron en su día del 9% al 10% y los ganaderos del 7,5% al 8,5%. Equiparar a ambos es una vieja demanda a la que se opuso, de entrada, el propio Ministerio argumentando que los costes no son los mismos. Ahora, con los presupuestos a la baja, no parece posible esa subida, salvo que se imponga una decisión política en clave preelectoral.
Del mismo modo cabe citar que hay dos cuestiones muy importantes para el sector agrario que deberían constituir el eje para apoyar una política de rentas. Una es lograr mayor clarificación de la cadena alimentaria, desde que un producto sale del campo hasta que llega al consumidor, para que el precio final, sobre todo cuando es en fresco, esté mejor repartido y el productor no se lleve la mayor parte. Otro consistiría en desarrollar una política de apoyo a las organizaciones interprofesionales para que puedan establecer una negociación con la distribución, los industriales o con los operadores comerciales y fijar contratos donde se perfilen precios mínimos.
Para la clarificación de la cadena alimentaria, se trabaja en la elaboración de un código de buenas prácticas y el Ministerio se ha vuelto loco haciendo estudios en cada producto para detectar en qué parte de esa cadena está el mayor aumento en el precio. Se conocen estos puntos negros, pero la Administración ha sido incapaz de poner manos a la obra para evitar esos abusos que, en muchos casos, suponen un handicap para el consumidor por su elevado precio.
La recién llegada ha puesto otra cara al Ministerio. Ha dejado bien claro que quiere junto a ella a sus hombres de confianza, aunque algunos no sepan lo que es el sector. Ha cortocircuitado el equipo anterior y no precisamente para ganar en eficacia. Ha dejado clara su apuesta por el medio ambiente y, además, que en esa casa manda ella. Todo comprensible, si ahora demuestra eficacia.
