El Ministerio Público mantiene abierta la investigación en torno a la sociedad Segovia 21, que constituyeron a principios de la década pasada la Diputación Provincial, la Cámara de Comercio y Caja Segovia —cuyas acciones pasaron hace unos meses a Bankia—.
La Fiscalía intenta aclarar si los pagos realizados a la empresa Fomento Territorial, adjudicataria de la gestión, urbanización y desarrollo de ese complejo residencial y de ocio, pudieron ser excesivos por encontrarse fuera del mercado. Así lo apuntó el portavoz de la sociedad Verae, Javier de la Orden, administradora única de Segovia 21 desde el pasado verano, cuando a finales de octubre presentó diversa documentación en el Palacio Provincial de Justicia. En ese momento, De la Orden aseguró que entregaban a la Fiscalía el contrato suscrito con Fomento Territorial y sus respectivas prórrogas para que determinara si habían existido o no algún tipo de irregularidades de índole penal y sus eventuales responsables.
Al parecer, semanas antes, según han explicado a este medio fuentes próximas al Ministerio Público, la Fiscalía había abierto unas diligencias sobre Segovia 21. A lo largo de los últimos meses ha ido solicitando diversa documentación tanto a la sociedad Verae como a otros organismos, entre los que se encuentra el Registro Mercantil.
En el marco de esa investigación, el Ministerio Público ha citado o va a citar para declarar a finales de este mes a todos los miembros del consejo de administración de Segovia 21, salvo al que era su presidente y entonces presidente de la Diputación, Javier Santamaría, pues en la actualidad es senador del PP, y por lo tanto tiene condición de aforado. Entre quienes acudirán a prestar declaración para ayudar a la Fiscalía a aclarar si se ha incurrido en algún tipo de delito o no, figura la excúpula directiva de la sociedad: el consejero delegado y entonces presidente de Caja Segovia, Atilano Soto; y el que era director general de Segovia 21, Jesús Sánchez.
Aunque fuentes cercanas al Ministerio Público apuntaron que se había citado a declarar a todos los miembros del entonces consejo de Segovia 21 y únicamente había tenido dificultades para localizar al exdirector de Caja Segovia, Manuel Escribano, al menos dos de los integrantes de ese organismo aseguraron a este medio que de momento nadie se había puesto en contacto con ellos, aunque uno de ellos. Entre quienes sí han recibido la citación para declarar figuran el ex presidente de la Cámara de Comercio, Jesús Postigo, y el representante de la empresa Fomento Territorial, Elías Benatar.
Una vez escuchados todos ellos, es de prever que la Fiscalía Provincial tome alguna decisión sobre el caso. Bien podría decretar el archivo de las diligencias abiertas si estimara que no se ha incurrido en ninguna irregularidad penal, o bien podría remitir la investigación al juzgado decano para su reparto en el supuesto de que entendiera que sí se ha podido cometer algún delito en la actuación de Segovia 21.
