El exsecretario general de Caja Segovia, Antonio Luis Tapias, insistió ante el juez en asegurar la legalidad y justificación de las modificaciones que se aprobaron en el sistema de prejubilaciones de directivos de Caja Segovia durante los años previos a la integración en Bankia. En la línea de los otros cuatro imputados del Comité de Retribuciones que prestaron declaración el martes y el lunes pasados, Tapias defendió que el objetivo era “ahorrar o disminuir” gastos a la extinta entidad financiera que, según UPyD, aprobó más de 34 millones de euros en prejubilaciones y planes de pensiones para ocho directivos en 2008 y 2010.
La defensa sostiene que las retribuciones «son absolutamente legales, gusten o no»; mientras que UPyD, que denunció el caso a finales de 2011, considera que «la cuestión principal» es «por qué se aceleraron las dotaciones al plan de prejubilación» para los directivos en los años previos a la integración en Bankia, «y también que confirmen los importes», reiteró Andrés Herzog en declaraciones a los periodistas y que recoge Ical. En concreto, la acusación popular considera que persisten los indicios de «administración desleal» o «apropiación indebida».
Con la declaración de ayer concluía la ronda de citaciones de esta semana ante el Juzgado número 2 de Segovia por el caso de las prejubilaciones millonarias de Caja Segovia. El pasado lunes declararon el expresidente y el exvicepresidente de esta entidad, Atilano Soto y Manuel Agudíez; y el martes fue el turno de Elena García Gil, secretaria del comité de retribuciones, y del exdirector general, Manuel Escribano.
Respecto a la declaración de Tapias, también él se acogió a su derecho a no responder a las preguntas de las acusaciones, y sólo atendió las del juez, la defensa y el Ministerio Fiscal; y siguiendo las indicaciones de sus abogados (Luis Rodríguez Ramos y Joaquín Rodríguez Miguel), declinó hacer declaraciones a la prensa, también como el resto de imputados, salvo Elena García Gil, cuya defensa está en manos de otro abogado, Jesús Tovar de la Cruz.
El letrado Joaquín Rodríguez Miguel señaló que el exsecretario general respondió a «cuestiones generales del funcionamiento de los órganos de la caja». Preguntado por cuestiones de las prejubilaciones, en concreto por las modificaciones que se produjeron, Tapias explicó al magistrado que hasta 2006 el régimen de prejubilaciones de los directivos era exactamente el mismo que el de los empleados».
A partir de entonces se aprobaron modificaciones por las que, según UPyD, que ejerce la acusación popular, se aceleraron las dotaciones a directivos para asegurarse prejubilaciones y planes de pensiones antes de la integración en Bankia. El abogado de Tapias señaló que tales modificaciones «perjudicaban a los directivos» en beneficio de La Caja. Además anunció que presentará un escrito de alegaciones solicitando el sobreseimiento de las actuaciones, «porque entendemos que no hay ningún hecho que se aproxime ni siquiera a lo que pueda ser un delito, porque desde luego muchos de los hechos que han salido a la luz no responden a la realidad, como consta en las actas».
En opinión de Rodríguez Miguel, en el proceso «no se revela absolutamente ningún delito ni siquiera de carácter civil, ni administrativo ni de cualquier rama del Derecho». Además, insistió en que ni el Banco de España ni la Junta «jamás dijeron nada», lo cual «no es garantía de que se hiciera todo bien, pero sí es significativo de lo contrario».
