Contra los recortes en Educación y en oposición al anteproyecto de Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (Lomce). Los estudiantes de Secundaria de centros públicos de toda España iniciaron ayer la primera de las tres jornadas de huelga convocada por el Sindicato de Estudiantes y respaldada por la Confederación de Padres de Alumnos (Ceapa) de la escuela pública, así como por los sindicatos FE-CC.OO, FETE-UGT, STES-i, CGT y la Federación de Asociaciones de Estudiantes (Faest). Además, por añadidura y con motivo de las recientes informaciones sobre el caso Bárcenas, este colectivo va a aprovechar las protestas en la calle para exigir también la «dimisión en bloque» del Gobierno.
Los alumnos realizarán 72 horas de huelga y llevarán a cabo manifestaciones hoy por la mañana y mañana por la tarde. Se trata de la segunda «semana de lucha» en lo que va de curso, después de la celebrada el pasado octubre.
En cuanto al seguimiento de la jornada de paro de ayer, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte constató, con los datos recopilados por las comunidades, un paro «muy disperso» por parte de los alumnos de Secundaria, que «no llega al 20 por ciento», según informó en un comunicado.
Por su parte, el Sindicato de Estudiantes aseguró que el «apoyo ha sido unánime» entre los más de 1.800 centros, con cifras que oscilan entre un «80 y un 90 por ciento de acogida». Asimismo, señala que en Andalucía, Extremadura, Madrid, Comunidad Valenciana, Aragón y Asturias la huelga es «prácticamente total», y en el resto, «un éxito tremendo».
Además, la segunda de las protestas coincide con la celebración en la sede del departamento que preside José Ignacio Wert de la Conferencia Sectorial de Educación, presidida por el ministro y a la que asistirán todos los consejeros del ramo de las regiones para debatir la memoria económica del anteproyecto normativo.
Sobre la Lomce, Delgado señaló que los estudiantes no aceptan la «contrarreforma franquista» que, a su juicio, «quiere recuperar la peor escuela de la historia», con itinerarios «segregadores», la «discriminación» de los alumnos por razón de sexo, las reválidas, el «protagonismo» que le devuelve a la Iglesia en la escuela pública, o la normativa para «favorecer» a los empresarios para que «saquen beneficios de un derecho fundamental».
Durante la presentación el pasado lunes de un estudio sobre producción científica en los países iberoamericanos, el ministro de Educación, José Ignacio Wert, argumentó que «los universitarios no deben estudiar lo que les apetece o seguir las tradiciones familiares a la hora de escoger un itinerario académico, sino que tienen que pensar en términos de necesidades y de su empleabilidad».
Wert indicó que «en algo estará fallando» el sistema universitario si menos de la mitad de los titulados son en ciencias sociales. «Eso quiere decir que no estamos siendo eficaces a la hora de mandar señales a quienes entran en el mundo académico», apuntó.
La reacción por parte de la Federación de Asociaciones de Estudiantes Progresistas (Faest) no se hizo esperar y calificó ayer de «impresentables» esos comentarios.
Según Faest, si los jóvenes «tuvieran que escoger la carrera en términos de empleabilidad, todos elegirían idiomas para salir fuera de España a trabajar». Además, indicó que «el problema principal no lo tiene la Universidad, sino que la piedra en el camino es el modelo productivo de España».
El presidente de FAEST, Fidel González, señaló que «lo lamentable es que estos comentarios los haga el ministro que está cerrando las puertas a la Universidad, recortando becas e inversión».
