«Esto no hay quien lo entienda, nos están mareando más de lo que ya estamos. Esto es la Parrala sí, la Parrala no!”, comentaba un grupo de personas en un establecimiento segoviano a última hora de la mañana del domingo haciendo referencia a la controversia que el Gobierno central y el autonómico mantienen respecto al adelanto de la hora del toque de queda en Castilla y León. Quede claro que al cierre de esta edición  la aplicación del toque de queda a las 20.00 horas sigue vigente, tal y como bien se explica en ‘El Atazir’ que se publica en la página 3 de este diario.

Las desavenencias que ambas instituciones dejaron ver antes de la aplicación de la medida puesta en marcha este sábado, se acrecentaron ayer domingo 17 de enero.

Recurso y réplica

El domingo comenzó con el anuncio del Gobierno central de llevar al Tribunal Supremo el acuerdo 2/20 del presidente Alfonso Fernández Mañueco que publicó el sábado el Boletín Oficial de Castilla y León para adelantar el toque de queda de las diez de la noche a las ocho de las tarde, un periodo que está vigente. Entiende el Gobierno que esa regulación autonómica vulnera el decreto del estado de alarma, que fija restricciones de movilidad entre las 23.00 y las 6.00 horas, posibilitando que pueda ser entre las 22.00 y las 7.00 horas.

“Al fijar como hora de comienzo de la limitación las 20.00 horas, el acuerdo infringe nítidamente la regulación mencionada”, ha destacado el Gobierno, que remarca las “facultades de modulación” de las que disponen las comunidades como autoridades competentes delegadas: “Suspender, flexibilizar o relajar las limitaciones, pero no –como es el caso– intensificarlas o agravarlas”.

“Se trata, en consecuencia, de una restricción de un derecho fundamental que no está amparada por el instrumento jurídico del estado de alarma”, asevera el Ministerio de la Presidencia en el comunicado en el que anunciaba la solicitud hecha a la Abogacía General del Estado para que interponga el citado recurso.

«Tiene como único objetivo proteger la vida y la salud de las personas»

La Junta de Castilla y León ha lamentado que con su recurso el Ejecutivo “trate de obstaculizar” una acción autonómica que “tiene como único objetivo proteger la vida y la salud de las personas, y reducir lo más posible el daño a la economía”.

El Gobierno autonómico, que mantiene la vigencia del acuerdo del adelanto del toque de queda “en tanto no quede sin efecto por los medios establecidos en la Ley”, ha apelado a que la situación epidemiológica y sanitaria es “de extrema gravedad”, ya que la incidencia acumulada se ha multiplicado por cinco desde el 1 de enero y el número de ingresados por covid se ha duplicado.

Desde el punto de vista jurídico, la Junta sostiene que la decisión de adelantar el toque de queda “está amparada” por la prórroga del estado de alarma, al interpretar que permite a las autonomías modular, flexibilizar y suspender las medidas relativas a las restricciones de movilidad. Y ha remitido a la decisión del Tribunal Supremo para determinar si el presidente de la Junta, el popular Alfonso Fernández Mañueco, “tiene facultad o no de modular el toque de queda para hacer frente a la pandemia”.

En un mensaje publicado en su perfil de Twitter, escrito después de conocer el recurso del Gobierno y de que un ciudadano abulense haya presentado una denuncia contra él por entender que puede haber prevaricado al adelantar el horario del toque de queda, Mañueco ha asegurado que seguirá “tomando medidas para proteger la vida y la salud de las personas” porque “la situación es grave”.

Entre sus argumentos, la Junta de Castilla y León ha insistido en reclamar al Gobierno “instrumentos jurídicos seguros, si es que discute los existentes, que permitan a las comunidades actuar con rapidez para doblegar la curva de contagios y salvar vidas”.

Primeras horas

Desde la Subdelegación de Gobierno y desde el Ayuntamiento de la capital reiteran que mientras el acuerdo del presidente Mañueco siga vigente deben velar por su cumplimiento y reforzarán las tareas informativas para los ciudadanos. La concejala de Seguridad, Raquel de Frutos, no tiene constancia de incidentes significativos en la noche del sábado y asegura que a las ocho y media las principales calles y puntos de reunión de la ciudad estaban vacíos.

La Policía Nacional y la Guardia Civil pusieron 22 denuncias en la provincia de Segovia la noche del sábado, cuatro por  circular fuera del horario nocturno, pero todas a partir de las  22.00 horas, y 18 por vulnerar el límite perimetral. Solo en Salamanca y Burgos se levantaron actas durante las dos horas de ampliación del toque de queda. 

Policía y Guardia Civil quieren saber qué deben hacer

Representantes de agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil han pedido al delegado del Gobierno, Javier Izquierdo, que aclare el papel que deben desempeñar ante el recurso presentado por el Gobierno a las nuevas restricciones de la Junta.

El sindicato Jupol, mayoritario Consejo de la Policía Nacional y la Asociación Profesional de la Guardia Civil, Jucil han mostrado su preocupación ante las dudas que existen entre los efectivos de la región que “carecen de órdenes precisas” sobre los mecanismos de actuación que deben utilizar tras conocerse el acuerdo de la Junta que limita la movilidad en la comunidad autónoma desde las 20.00 horas.

A través de un comunicado remitido a esta redacción, ambas organizaciones piden al delegado del Gobierno en Castilla y León que “concrete por escrito” en un documento que sea remitido a los mandos de la Policía Nacional y Guardia Civil “el papel que tienen que desempeñar” a partir de las ocho de la tarde las FCSE (Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado), que en estos momentos se “ciñen” a una labor informativa y de disuasión, tal y como ha comunicado Javier Izquierdo a través de los medios de comunicación.

 Sanciones

Jupol y Jucil aseguran que no entienden de “desavenencias” entre administración central y autonómica y temen que con el nuevo marco temporal del toque de queda y el anunciado recurso que presentará el Gobierno ante la Justicia, se podría estar ante una serie de “irregularidades”. Estas irregularidades podrían derivar, según exponen los sindicatos, en la posible nulidad de las propuestas de sanción que puedan plantear los policías nacionales y guardias civiles entre las 20.00 y 22.00 horas. Día 16 de enero a las 20.30h en la plaza del Azoguejo que los sábados suele estar muy concurrida y es habitual punto de cita de los jóvenes.

El Atazir | Urge la suspensión