Se cumplen dos años desde que ETA se viese forzada a poner fin a 52 años de atentados, secuestros y extorsión. Fue el 20 de octubre de 2011 y lo que el entonces presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, calificó de «triunfo definitivo y sin condiciones» se ha convertido en una larga espera de 24 meses en los que la banda sigue empecinada en sentar al Ejecutivo central en una negociación, ha agotado la paciencia de los mediadores internacionales al no escuchar sus peticiones ni avanzar en su desarme y no ha logrado solucionar la situación de sus presos.
La organización basó su decisión de dejar de cometer atentados en la denominada Declaración de Aiete, en la que personalidades internacionales le pedían un cese definitivo unilateral, pero también solicitaban a España y Francia que aceptasen una negociación. Usaban así la banda y su entorno una pista de aterrizaje para el anuncio de su abandono, que llegaría días después. En un estado de extrema debilidad por los sucesivos golpes policiales y con unos dirigentes con poca preparación, los terroristas accedieron a ese final maquillado con un barniz de legitimidad internacional.
El mundo proetarra se mostraba confiado en que los puntos de aquella declaración se cumplirían en un plazo corto de tiempo: la organización de Aiete fue consentida por el entonces Gobierno socialista y en ella participaron casi todas las fuerzas políticas, incluyendo el PSE. Pero la única formación que ni participó ni reconoció lo acordado en Aiete fue el PP, que tan solo un mes después ganó las elecciones generales convirtiendo aquel documento en papel mojado.
El punto de inflexión llegó en febrero, cuando las autoridades de Noruega expulsaron a David Pla, Iratxe Sorzábal y el histórico Josu Ternera. Se encontraban allí acogidos en desde semanas después del cese definitivo a la espera una negociación que el Ejecutivo nunca aceptó. Cansados de no ver avances y las presiones del Gabinete español llevaron a Oslo a retirarles la protección.
ETA reaccionó con un comunicado en el que advertía de las «consecuencias negativas» que para el proceso traería esta oposición al diálogo. Este lenguaje activó las alertas de algunos expertos antiterroristas forzando a una reunión entre responsables de la Policía, la Guardia Civil y el CNI para aunar posturas. Pese a algunas diferencias de matiz, los tres cuerpos coinciden en que no se prevé una vuelta de los atentados.
En su último texto, emitido el mes pasado, la banda insistía en la necesidad de una negociación y llamaba a romper el bloqueo de los Estados mediante un «proceso popular». Altos representantes de la lucha antiterrorista admiten que la organización busca realizar algún gesto en los próximos meses, pero no está dispuesta hacerlo a cambio de nada. Y desde Interior mantienen que lo único que esperan es la disolución de sus estructuras y que desaparezca. Pero este extremo no figura en los planes de ETA.
Sus planes
En este tiempo, los terroristas han llegado a planear una entrega de armas simbólica o el sellado de algunos zulos, según indican los expertos. Por otra parte, algunos sectores de la política vasca confían en movimientos antes de fin de año. Esta falta de iniciativa llegó a agotar la paciencia de los verificadores internacionales, a quienes el Gobierno no otorga validez.
La Comisión de Verificación Internacional -formada por expertos en conflictos mundiales- llegó a amenazar con abandonar la escena si ETA no realizaba avances en su desarme en un plazo de seis meses, plazo que expiró el pasado 30 de septiembre. No obstante, fuentes cercanas a estos movimientos advierten de que se trataba de un plazo estimado y que los verificadores aún no han tomado una decisión sobre su papel, pues no han solventado todas sus dudas sobre el proceso.
Otro aspecto en el que la banda no ha logrado avances en los últimos años ha sido en las cárceles donde sus presos aún debaten sobre el modo en el que sumarse a los beneficios individuales recogidos en la ley, pero vistiéndolo como una decisión global y estratégica. Atrás quedan los mensajes que les llegaban de fuera en los que les aseguraban que tras el cese definitivo su situación se solucionaría. Interior siempre dijo que solo se revisaría la dispersión si la organización se disolviese.
Actualmente, la banda cuenta con 595 presos repartidos en cárceles de seis países. Esta cifra supone 84 reclusos menos que en este tiempo han salido por motivos de salud, por haber cumplido su condena o de manera provisional. El más significativo fue Josu Uribetxeberria Bolinaga, a quien Interior concedió el tercer grado y luego el juez la condicional debido al cáncer que padece.
Horas bajas
Los expertos creen que los presos acabarán aceptando la ley y acogiéndose a beneficios penitenciarios. El Colectivo ha visto cómo la Guardia Civil ha desarticulado Herrira, la plataforma que venía capitalizando todos los actos de apoyo al colectivo. Esto agrava el estado famélico de las estructuras de la banda en la clandestinidad, formadas apenas por unas decenas de terroristas repartidos por diversos países. Solo en 2013 han sido detenidos una veintena, entre ellos los integrantes de su aparato logístico.
Las Fuerzas de Seguridad sospechan que ETA podría estar subsistiendo recibiendo donaciones voluntarias procedentes de simpatizantes, una fuente de financiación que siempre ha sido secundaria para la banda, pero que podría seguir vigente en la actualidad.
