El Gobierno central negó ayer tener información sobre una posible sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) contra la llamada doctrina Parot, que computa los beneficios penitenciarios sobre cada una de las condenas y no sobre la pena máxima a cumplir, pero quiso lanzar un triple mensaje: es perfectamente legal y está avalada por el Tribunal Constitucional, su eliminación sería un duro golpe en la lucha contra el terrorismo y, en tercer lugar, antes de emitir un fallo los magistrados deberían ser conscientes del dolor que causaría en la sociedad española y especialmente en las víctimas de ETA.
En este sentido, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, echó en cara al Tribunal de Estrasburgo que centre su atención en este asunto cuando hay violaciones de derechos humanos en el mundo que «merecen más la atención» que el caso de la etarra Inés del Río, con una treintena de asesinatos a sus espaldas y 3.000 años de condena, y que es el caso del que parte el juicio a la doctrina Parot. Estrasburgo está estudiando ahora mismo un recurso de España contra la sentencia que en julio de 2012 dio la razón a la terrorista. Si finalmente falla de nuevo a su favor, cada asesinato «le saldría a men
os de un año de condena», concluyó el ministro Fernández Díaz.
Por su parte, el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, añadió que «el mantenimiento de la doctrina Parot es fundamental» para la lucha «no solo contra el terrorismo» sino contra «las formas más atroces de criminalidad». Según Martínez, la sentencia del TEDH, sea cual sea, obliga a España porque «reconoce la jurisdicción del Tribunal», pero la decisión de cómo aplicarla «no le corresponde al Gobierno sino a los tribunales de justicia».
El director general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, también se pronunció ante un posible fallo contrario para pedirle a los magistrados de Estrasburgo, «que no saben lo que ha sido la lacra del terrorismo en España durante décadas», que «antes de tomar una decisión piensen muy bien las medidas que van a adoptar porque hay muchas personas que han sufrido mucho y muchos muertos en España».
Otro punto de vista
Solo desde el País Vasco, el PSE, el PNV y EH Bildu, ven las cosas de forma diametralmente opuesta a la del Gobierno central. Según los socialistas vascos, la anulación de dicha jurispridencia penal «no es ningún desastre». De esta manera se expresó el portavoz del PSE en el Parlamento de Vitoria, José Antonio Pastor.
El portavoz del Gobierno regional, Josu Erkoreka, aseguró que ésta «vulneran claramente el convenio europeo de Derechos Humanos y es contraria a los mismos», mientras que el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, lo consideró «un paso de gigante en la resolución del conflicto».
Desde EH Bildu, el diputado, Dani Maeztu, aprovechó para tildar de «política de venganza del Estado» a la doctrina Parot.
