La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSCJYL) ha pedido oficialmente al Ministerio de Justicia que implante medidas de seguridad en 20 juzgados rurales de la comunidad que no cuentan con ninguna medida de protección para garantizar la seguridad de los trabajadores y los ciudadanos. Así se estableció en la última reunión de la Sala de Gobierno del Tribunal regional de Justicia.
El presidente del TSJCYL, José Luis Concepción, ha lamentado que la falta de autonomía presupuestaria del poder judicial esté impidiendo que estas sedes judiciales cuenten con la necesaria seguridad, para evitar que se repitan hechos como la agresión que sufrió el pasado 1 de diciembre la jueza de Santa María la Real de Nieva, que resultó herida con arma blanca por un hombre que había recibido una sentencia contraria el día anterior.
La jueza permaneció once días ingresada en el hospital y aún se recupera de las secuelas anímicas y físicas, pero el vigilante que la Gerencia Territorial de Justicia dispuso para ese juzgado fue retirado de manera inmediata por orden del Ministerio de Justicia. “Si el Poder Judicial tuviera la misma autonomía presupuestaria que los otros poderes del Estado, muchas situaciones de estas no se producirían porque quienes mejor conocen las necesidades de un servicio darían cobertura a esas necesidades con prontitud, tanto para mejorar la seguridad como la creación de la Oficina de Atención a las Víctimas y otros temas pendientes”, ha explicado Concepción.
En la Sala de Gobierno se dieron a conocer los informes recibidos respecto a la situación de inseguridad de los Juzgados Únicos -especialmente del documento elaborado por el presidente de la Audiencia Provincial de Segovia- y acordó elevar su petición al Ministerio de Justicia “para que adopte las medidas para garantizar la seguridad de los edificios judiciales, de las personas que trabajan en los mismos y de los ciudadanos que a ellos acuden”.
El alto tribunal de Castilla y León ha recordado al Ministerio de Justicia que tiene encomendada la custodia de las sedes judiciales y de las personas, y le ha requerido para que contrate a los vigilantes de seguridad necesarios para cumplir con su obligación. El TSJ recuerda que en los últimos años ha elaborado expedientes gubernativos por alteraciones del orden público en sedes judiciales y ha dictado acuerdos en los que solicitaba proteger dichos edificios.
En concreto, había advertido del peligro que suponía que juzgados situados en núcleos rurales y ajenos a cualquier tipo de medida de protección no tuviesen el auxilio de vigilantes de seguridad. Y citan el caso de Santa María, donde, de haber tenido la dotación de seguridad reclamada, no se habría producido la agresión.
