La ponencia ‘Problemática del aprovechamiento cinegético de terrenos municipales’, del magistrado de lo Contencioso-Administrativo Jesús Mozo Amo pone fin hoy jueves, 17 de diciembre al ciclo de cursos de la Escuela de Gestión y Buen Gobierno de Diputación de Segovia que, celebrados de forma telemática durante el último mes, se han centrado en asuntos relacionadas con los problemas reales del día a día de los ayuntamientos a causa de la pandemia.
Según la diputada titular del Servicio de Asistencia a Municipios, Modernización y Relaciones Institucionales, Sara Dueñas, “tras el confinamiento, inevitablemente, ha aumentado el número de animales cinegéticos en el entorno, con la problemática que ello conlleva para la seguridad de los ciudadanos”, algo que hacía recomendable este último curso, que Jesús Mozo ya impartió en la tarde del martes, y que focaliza las pretensiones de la Diputación en “dotar a los secretarios y alcaldes de nuestros ayuntamientos de las herramientas suficientes para, no sólo desarrollar una buena gestión, sino también enfrentarse a los problemas derivados de la responsabilidad patrimonial de los cotos de caza”.
Unos problemas que, en opinión del magistrado, se estructuran en dos vertientes; por un lado, la de la gestión del acotado cuando el consistorio es el titular del mismo y, por otra, la de la responsabilidad patrimonial exigible por los daños producidos por las especies cinegéticas procedentes del acotado, que tal y como afirma Mozo Amo, engloba “a un concepto más amplio que la pieza de caza”.
En cuanto a la primera vertiente, Jesús Mozo Amo recuerda que la gestión debe hacerse teniendo en cuenta la normativa aplicable y destaca que “no nos encontramos ante el arrendamiento o cesión de uso de un bien, que en este caso es el terreno del coto de caza, sino ante la cesión o la explotación de un derecho, el cinegético, algo determinante para enfocar correctamente esa gestión”.
Por lo que respecta a la segunda, el ponente apunta que es importante “determinar cuándo existe la responsabilidad, cuándo es exigible al titular del coto, que en este caso es el ayuntamiento, y qué medidas conviene adoptar para evitar que el ayuntamiento tenga que pagar el importe de los daños y perjuicios que le puedan reclamar terceros perjudicados” y, como ya hizo en la primera oportunidad para alcaldes, concejales y personal de los ayuntamientos de asistir al curso, pone el acento en la relevancia que tiene para este asunto el seguro de responsabilidad patrimonial que pueda llegar a suscribir el ayuntamiento.
Como ejemplos de las prácticas habituales más sancionadas, Mozo Amo hace alusión al cobro de la renta cuando el arrendatario no la paga o a la resolución de los contratos cuando se producen incumplimientos de los mismos. Además, indica que existen muchos problemas respecto a la forma de adjudicar la explotación y que, respecto a los acotados, se plantean numerosas cuestiones relacionadas con la reclamación de daños y perjuicios.
Mantener una buena gestión de estos espacios es, para Jesús Mozo Amo, que además de juez es secretario de Administración Local, la forma de afrontar con garantías los conflictos que pueden surgir.
