¡Qué tiempos éstos en los que algunos se escandalizan cuando les recuerdan lo que es evidente! Me refiero al griterío que están organizando algunos dirigentes de la Generalidad de Cataluña ante un auto de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que revoca el tercer grado penitenciario del que se beneficiaban el exvicepresidente Oriol Junqueras y los otros ocho condenados en su día a penas de prisión por delitos de sedición y malversación. Dado que fueron condenados a penas de cárcel elevadas -de 13 a 9 años- y ninguno ha cumplido la mitad y algunos ni una tercer parte, el tribunal entiende que en este caso la concesión del tercer grado era una medida prematura y aducen que es preciso que transcurra un período de tiempo mayor para poder evaluar la evolución de los internos.
Una decisión basada en una interpretación recta e impecable de los dispuesto por la ley pero que al afectar a dirigentes del proceso separatista ya ha entrado en el terreno de la entropía política propiciando desorden en el sistema, técnica en la son acreditados expertos.
De no afectar a un grupo de políticos -en este caso, sediciosos- cualquier auto planteado los términos del que nos ocupa no habría provocado la menor crítica contra los magistrados de la Sala Segunda y habría pasado sin mayor eco. Pero estamos en vísperas de unas elecciones autonómicas en Cataluña lo que es tanto como decir que está abierta la temporada de la berrea política.
Quienes desde hace tiempo como socios que son de Pedro Sánchez venían reclamando al Gobierno un indulto para los sediciosos ahora elevan el tiro reclamando una amnistía a sabiendas de que la Constitución Española (Art. 62 i) prohíbe los indultos generales. Forzar la salida por esa vía -como reclaman algunos dirigentes de ERC y también de Podemos- sería un fraude al Estado de Derecho.
Así las cosas, y sabiendo que el Gobierno de coalición PSOE-Podemos confía la longevidad de la legislatura al apoyo de ERC, Bildu y demás socios de la moción de censura y los Presupuestos y que para tenerles contentos tiene al ministro de Justicia haciendo horas extras para modificar el Código Penal rebajando las penas que apareja el delito de sedición, parece probable que sea ésta y no otra la vía por la que al final, Junqueras y demás allegados políticos, saldrán de prisión. En el caso del dirigente republicano sin llegar a cumplir ni siquiera la mitad de la pena que le impuso en su día el Tribunal Supremo. Institución angular del Estado de Derecho cuyos magistrados harán bien en hacer oídos sordos a la campaña de descredito que están promoviendo desde la filas de los partidos separatistas que en Cataluña se encuentran, como digo, en plena berrea política por hallarnos en vísperas de las elecciones autonómicas.
