Momentos antes de que entregara a la patronal y los sindicatos su borrador de propuesta, el Gobierno explicó ayer que la reforma laboral que aprobará de manera unilateral el 16 de junio será «sustantiva». Tal y como detalló tras el Consejo de Ministros la vicepresidenta De la Vega los ejes que vertebrarán los cambios normativos tienen como objetivo «la modernización del mercado de trabajo, la flexibilidad de las relaciones laborales y el equilibrio entre los derechos de los trabajadores y las necesidades de la economía». Así, la socialista apuntó que es preciso «ganar calidad» en el empleo, con una mayor contratación indefinida e impulsando la «racionalización» del contrato temporal para evitar la precariedad. Asimismo, la número dos del Gabinete incidió en que se trata de una «apuesta» por introducir más flexibilidad en el seno de las empresas y en la regulación de las jornadas para «facilitar la creación de empleo». Con tal ánimo, De la Vega anticipó también que la reforma introducirá una «reducción de costes laborales que en ningún caso supondrá una merma de los derechos de los trabajadores».
No obstante tal afirmación es bastante difícil de sostener, al menos según las primeras filtraciones del contenido de la propuesta de Moncloa, puesto que el borrador del documento plantea que las empresas que declaren pérdidas durante seis meses podrán llevar a cabo despidos individuales o colectivos de manera procedente, con solo 20 días de indemnización por cada año trabajado.
Más modificaciones
Tal medida, que habría sido aceptada por el Ejecutivo a propuesta de los patronos, solo será de aplicación cuando dichos números rojos afecten al conjunto de la compañía que pretenda reducir plantilla, y no a los diferentes centros de trabajo, puesto que «no es lo mismo».
El ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, también detalló que el documento del Gobierno contempla que los contratos por obra tengan una duración máxima de dos años, ampliable a tres. Asimismo, se plantea aumentar la indemnización de despido de ocho a 12 días en los contratos temporales, una ventaja que no entraría en vigor hasta 2011.
Corbacho también comentó que el Ejecutivo ha optado por aplicar la «máxima extensión posible» del uso del contrato de fomento del empleo, con 33 días de indemnización en lugar de los 45 actuales, porque dará «certeza al empresario» y «garantías al trabajador». Además, en cumplimiento de ese objetivo de «flexibilidad», el socialista confirmó que se implantará el modelo alemán para reducir la jornada laboral entre el 10% y el 70%, «suficiente para ajustar por horas la producción de una empresa».
En relación con posibles cambios en la futura Negociación Colectiva, fuentes de Trabajo descartaron que el futuro decreto ley contemple el «descuelgue» del Acuerdo firmado por patronal y sindicatos en febrero, pero sí incluirá la creación de una Comisión de Arbitraje para resolver discrepancias relacionadas con los salarios, los horarios o la organización de la empresa.
De esta forma, si la dirección de una compañía y el comité no llegan a un acuerdo en 15 días, sería dicho organismo el que decidiría en 10 días con un laudo que sería recurrible judicialmente.
Tales pretensiones deberán, no obstante, ser aprobadas por las Cortes, algo que, al menos según pronosticó De la Vega, está casi asegurado. La vicepresidenta incluso vaticinó que el Gobierno contará con el apoyo del PP, así como de CiU y el PNV. ERC ya anunció ayer su intención de respaldar el decreto ley cuando se someta a votación en el Congreso el 22 de junio.
En todo caso, será a partir del lunes cuando el Ejecutivo comience una ronda de contactos con los partidos de la oposición.
