El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, aseguró que ningún estudiante de la comunidad autónoma pasará la etapa de Bachillerato con suspensos y reivindicó al respecto la cultura del esfuerzo y del mérito que, a su juicio, no propugna la futura nueva ley de Educación, que ve como «un error» y como una norma «claramente mejorable».

Este es uno de los anuncios que realizó el presidente de la Junta tras reunirse con los representantes de las organizaciones representativas de la enseñanza concertada en la Comunidad con los que analizó las repercusiones de la futura ley de Educación que, según reprochó, vacía de competencias al Estado al que ha acusado de hacer dejación de funciones ante la «necesaria» coordinación que demanda el estado autonómico.

Un pacto contra el Estado

«Deja en manos de las comunidades autónomas la regulación que le corresponde a él», lamentó el presidente de la Junta ante las repercusiones de una norma que ve como un «pacto contra el Estado» ya que, según criticó, va en contra de la lengua oficial del país, el castellano, y en contra de la cultura del esfuerzo y del mérito que se debe exigir a los estudiantes, momento en el que anunció que en Castilla y León no se pasará con suspensos el Bachillerato.

Fernández Mañueco criticó también que la ley educativa del Gobierno de PSOE y Unidas Podemos renuncie a establecer criterios comunes, como un currículum común o requisitos iguales para todos a la hora de promocionar y de obtener títulos oficiales, con una referencia expresa a la EBAU única, «nuevamente sepultada», según sus palabras, cuando se trata de una de las principales reivindicaciones de la Junta de Castilla y León.

Además y tras pedir una vez más un Pacto de Estado por la Educación y por la reducción de la brecha digital, el presidente de la Junta cargó contra una ley que ha llevado a la división y la confrontación cuando debería unir. «Es un ejemplo de la más vieja política», sentenció Fernández Mañueco quien lamentó también que el Gobierno de la nación haya querido «imponer» su ley «en el peor momento» que vive el país, en referencia a las consecuencias de la pandemia del coronavirus.

«Es el momento de resolver y no de crear problemas», reflexionó el presidente de la Junta que advirtió de la «bajísima calidad democrática» de una norma de «marcado carácter antiguo y sectario» que, según aseguró, no ha buscado el consenso ya que, entre otras cosas, ha «orillado» a las comunidades autónomas.