El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco ha anunciado este viernes que su gobierno combatirá jurídicamente la LOMLOE (Ley Celaá) por tratarse de una normativa «de marcado sentido antiguo y sectario» que en su opinión vacía al Estado de competencias esenciales que le corresponden.
Un día después de haber superado la LOMLOE el trámite del Congreso de los Diputados, el presidente ha comparecido públicamente para garantizar la continuidad en esta comunidad autónoma de un sistema educativo basado en los principios de «calidad, equidad y libertad».
Lejos de esos pilares, a juicio de Fernández Mañueco, la futura ley de educación se caracteriza por una «bajísima calidad democrática«, que «atenta contra la cultura del esfuerzo y del mérito» y cuyo contenido es «claramente mejorable». «Vamos a utilizar todas las herramientas que nos permita el Estado de Derecho para defender el sistema educativo de Castilla y León y a toda su comunidad: alumnos, docentes y familias», ha insistido después de reunirse en Valladolid con representantes de la enseñanza concertada.
Preguntado por los instrumentos jurídicos a los que recurriría para esa salvaguarda de intereses, ha preferido no dar detalles debido a que al proyecto de ley orgánica de reforma de la LOE (LOMLOE) «le falta el trámite del Senado» para su aprobación, momento a partir del cual «analizaremos posibilidades y alternativas«, ha apuntado.
De momento, a petición de los representantes de la enseñanza concertada, Fernández Mañueco ha encomendado a la consejera de Educación, Rocío Lucas, la apertura de un «proceso de diálogo» con todos los agentes del sistema educativo de Castilla y León, incluido el público: «las puertas de mi despacho están abiertas para todos», ha subrayado.
El presidente se ha comprometido a defender el derecho a la libre elección de centros, ha afirmado que en Castilla y León no pasará de curso ningún estudiante de Bachillerato con suspensos, y recordado que el modelo de convivencia público-privado «es un éxito con excelentes resultados en nuestra Educación, un referente de calidad y equidad en España y en Europa».
La sucesivas ediciones del Informe Pisa y de «otros indicadores de prestigio» avalan, según el presidente, la eficacia «desde hace décadas de nuestro sistema educativo, con muy buenos resultados en la coexistencia de centros públicos y privados que vamos a mejorar y proteger en el futuro».
Fernández Mañueco ha criticado al Gobierno de España al haber promovido la tramitación parlamentaria de la LOMLOE «aprovechando las circunstancias de la pandemia para imponer una normativa de marcado sentido antigua y sectaria«, sin buscar el consenso con las comunidades autónomas, ha apostillado.
En manos de las autonomías, ha proseguido con sus críticas, «se han puesto regulaciones que le corresponden al Estado como garante de las mismas» a través de una ley «claramente mejorable» que ha definido como un «pacto contra el Estado», al vaciarle de competencias, y «contra la cultura del esfuerzo y del mérito».
«Elimina los currículum comunes y los requisitos para promocionar (pasar de un curso a otro), y la EBAU única queda sepultada por la ley«, ha lamentado al insistir sobre lo que ha interpretado como «pacto contra el Estado y contra la lengua oficial del Estado», el castellano como idioma vehicular, también para la enseñanza.
La LOMLOE, por todo ello, supone un «empobrecimiento» dentro de una época «en la que hay que unir y no desunir, dar certidumbres, proporcionar esperanza y no poner en riesgo puestos de trabajo», ha concluido en su análisis.
