Las organizaciones agrarias Asaja, Alianza UPA-COAG y Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL) han mostrado este miércoles su apoyo a la decisión de la Junta de Castilla y León de rechazar un incremento en la protección del lobo. Los gobiernos autonómicos de Castilla y León, Galicia, Asturias y Cantabria trasladaron la semana pasada un documento a la vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, en el que consideraban innecesaria la inclusión del lobo ibérico en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial, una propuesta que el Gobierno central se encuentra analizando.
Las organizaciones agrarias de Castilla y León, en un comunicado conjunto, se han sumado a la petición de las cuatro comunidades autónomas y ha advertido de que otorgar al lobo un nivel de protección adicional al que ya tiene sería «una decisión muy perjudicial para los intereses del medio rural y para un sector económico clave como es el ganadero». Han asegurado que son los propios ganaderos los que «en primera persona» están sufriendo las consecuencias de «la expansión descontrolada de esta especie por todo el territorio regional».
Según las organizaciones agrarias, la población del lobo está generando graves problemas a los profesionales del sector productor, y además «está en franca expansión en territorios que hasta hace pocos años no ocupaba, haciendo incompatible su presencia con una actividad clave y ligada desde siempre al territorio como es la ganadería extensiva». Han señalado que los lobos han causado en el último año en Castilla y León la muerte de 3.800 cabezas de ganado en 2.580 ataques, lo que supuso más de dos millones de euros de pérdidas económicas a los productores
