Las grandes obras que promueve el Ayuntamiento de Segovia parecen estar gafadas. Paralizada la construcción del primer edificio del Círculo de las Artes y la Tecnología (CAT), las obras del que es el otro gran proyecto de la ciudad, por volumen de inversión, la segunda fase del complejo deportivo Carlos Melero, pueden correr la misma suerte: la paralización.
Los trabajos en el CAT han sido paralizados tras la liquidación de Volconsa y el auto judicial que, por este motivo, forzó al Ayuntamiento a rescindir el contrato con la empresa. Ahora el Ayuntamiento también podría verse forzado a paralizar las obras de la segunda fase del centro deportivo Carlos Melero, tras una sentencia que considera que la aprobación del proyecto por parte del pleno municipal no se ajustó a derecho, con independencia de que, con posterioridad a este acuerdo y e incluso al inicio de las obras, el Ayuntamiento ‘subsanó’ aquellas irregularidades urbanísticas.
La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSCyL) ha dictado una sentencia que considera ‘ilegal’ el acuerdo del pleno del Ayuntamiento de Segovia, adoptado el 2 de abril de 2012, que aprobó el proyecto de obras para la ejecución del centro deportivo «Carlos Melero». Contra esta resolución no cabe interponer recurso alguno.
El pronunciamiento del tribunal se produce como consecuencia del recurso de apelación que presentó el Ayuntamiento de Segovia contra una sentencia anterior, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Segovia, que dio la razón a la empresa Expinmobel. Aunque el TSCyL estima parcialmente el recurso del Ayuntamiento, lo cierto es que el tribunal confirma, en sus mismos términos, el pronunciamiento del Juzgado de Segovia; al entender que el acuerdo de pleno que aprobó el proyecto del centro Deportivo Carlos Melero «no es conforme a derecho». La sentencia del TSCyL concluye que el proyecto de obras de la segunda fase del centro deportivo Carlos Melero resulta contrario al PGOU de 2008 puesto que proyectaba su construcción en una parcela calificada como espacio libre público.
Como se recordará, las obras comenzaron, con el acto de colocación de la primera piedra, el 23 de mayo de 2012. Días después, el grupo municipal del PP reclamó que se revocara la licencia de obras al advertir que no se habían subsanado las ‘irregularidades urbanísticas’ que pesaban sobre la parcela. Desde el mes de marzo, los populares habían advertido que el terreno donde se proyectaba la segunda fase del complejo deportivo «Carlos Melero» no tenía una calificación urbanística adecuada, al ser un espacio verde que tenía agotada la edificabilidad. En consecuencia, los populares pidieron la paralización de las obras hasta que no se modificara la normativa.
corrección Lo cierto es que, finalmente, el Gobierno municipal, ya iniciadas las obras, inició los trámites para cambiar la calificación de la parcela. El pasado 1 de abril, el pleno aprobó provisionalmente la modificación puntual del PGOU relativa a los sectores A y B, donde se incluyo el cambio de calificación de la parcela del centro deportivo «Carlos Melero». El acuerdo fue ratificado por la junta de Gobierno local el pasado 6 de junio y remitido, hace dos semanas, a la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León para su aprobación definitiva.
Según fuentes jurídicas consultadas, la Junta de Castilla y León tendrá que informar de la modificación que, en teoría ‘subsana’ las irregularidades urbanísticas que han provocado la sentencia del TSJCyL, aunque ésta no se producirá ‘como mínimo’ hasta septiembre, según otras fuentes.
A raíz de la sentencia, desde el Ayuntamiento se ha solicitado una reunión ‘urgente’ para analizar las consecuencias de la sentencia del TSCyL, aunque, según fuentes próximas al equipo de Gobierno, no existe intención de ordenar la paralización de las obras.
En todo caso, si la Junta aprueba en el futuro la modificación y, una vez que entre en vigor, las obras del complejo deportivo Carlos Melero se verán legalizazas. No obstante, y según fuentes jurídicas consultadas, mientras tanto la obra es ilegal y la sentencia del TSCyL debe ejecutarse y cumplirse, por lo que el Ayuntamiento debería paralizar las obras. La empresa recurrente (Expinmobel) podría instar la paralización de la obra si no lo hace el Ayuntamiento.
En caso de no paralizarlas, como parece ser el caso, y en la hipótesis de que la Junta, a través del Consejo Regional de Urbanismo, no aprobase las modificaciones del PGOU para la parcela, la empresa adjudicataria (Segovia Sport S.L) podría pedir una indemnización por daños y perjuicios al Ayuntamiento, tanto por esos meses sin paralizar, como por lo ya realizado con aprobación ilegal del Ayuntamiento, como lucro cesante.
