La Albuera verá modificadas en los próximos ocho años las 1,38 hectáreas de superficie del sector urbanístico ‘Alfonso VI’, ubicado en una de las zonas más características del barrio, que engloba entre otras las calles Alfonso VI, Pintor Herrera y Doradores. El protocolo de actuación entre el Ayuntamiento y la compañía mercantil Sangar S.L. que fue aprobado ayer por el Consejo de Gobierno da el primer paso para la ordenación urbanística de este sector, que abre las puertas a la edificación de hasta 86 viviendas en sus 11.131 metros cuadrados edificables, y creará dos nuevos tramos de vía pública que resolverán la conexión de las calles Pintor Herrera y Doradores.
El sector incluye seis parcelas catastrales que componen una unidad de actuación única, y de la superficie edificable, 9.104 metros cuadrados se destinan a vivienda libre y los 1.937 restantes a vivienda con algún régimen de protección.
De acuerdo con el texto del protocolo aprobado ayer, que deberá ser ratificado por ambas partes, el desarrollo urbanístico del sector no ha sido posible por la incapacidad de alcanzar un acuerdo entre propietarios, a los que corresponde al menos el 50 por ciento del aprovechamiento de la unidad de actuación, y precisa que esta situación de falta de gestión tiene su origen en el PGOU de 1984, que delimita buena parte de los terrenos incluidos en el actual sector, e incorpora la parcela número 35 que la unidad de actuación no incluía en el citado año.
Además, considera oportuno emprender el desarrollo urbanístico de estos terrenos para “priorizar la transformación de la ciudad existente frente a las nuevas expansiones y para completar la trama urbana de la zona”. De este modo, señala que el viario que estructure estos terrenos “deberá resolver en todo caso la conexión de las calles Pintor Herrera y Doradores, eliminando así los fondos de saco actualmente existentes, que podría hacerse mediante un tramo único de vía que permita su conexión directa”.
En el protocolo, el Ayuntamiento se compromete a estudiar las modificaciones de ordenación establecida para el ámbito por el PGOU de 2008, y para ello redactará un instrumento de planeamiento adecuado para tal fin, bien sea un estudio de detalle o una modificación del Plan General, marcando un plazo máximo de ocho años para el conjunto de los deberes urbanísticos.
Por su parte, la compañía mercantil deberá impulsar la ejecución urbanística del ámbito en que sus terrenos resulten incluidos dentro de los plazos establecidos en el planeamiento.
