El Gobierno constituirá nuevas mesas de negociación específicas para los funcionarios de los ámbitos de la Salud, la Educación y la Justicia, además de reordenar las unidades electorales de cara a los procesos de elección de representantes que deberán celebrarse en un plazo máximo de diez meses desde la entrada en vigor del cambio.
Así consta en la memoria de impacto del decreto ley de Segunda Oportunidad, aprobado por el Consejo de Ministros el 27 de febrero y que será convalidado en el Congreso el jueves 12 de marzo, a la que ha tenido acceso Europa Press.
En dicho texto se incluye una disposición para modificar el Estatuto Básico del Empleado Público con el objetivo de fijar una nueva determinación de las unidades electorales y regular las correspondientes mesas de negociación.
En concreto, se constituirán mesas para la negociación de las condiciones de trabajo del personal docente no universitario en cuestiones competencia del Ministerio de Educación, para el personal de Justicia en cuestiones del ámbito del Ministerio de Justicia, y para el personal estatutario de los servicios de Salud sobre cuestiones objeto de negociación con el Ministerio de Sanidad.
El Gobierno asegura que estos cambios mejorarán y clarificarán la articulación de los órganos de representación del personal estatutario de los mencionados ámbitos, ya que se trata de “colectivos específicos de personal que precisan de esta modificación para garantizar su adecuada representación”, además de suplir un “importante vacío legal” en cuanto a la regulación por primera vez de las mesas de negociación de sanidad, educación y justicia, supliendo un importante vacío legal.
Por otra parte, se establece el ámbito incluido dentro de cada una de las unidades electorales en función del organismo y unidad administrativa de que se trate; y se señala que, salvo excepciones, en las unidades electorales que no alcancen 50 funcionarios éstos ejercerán su representación en la Junta de Personal del Departamento al que estuviera adscrito el organismo o unidad administrativa. Con estas “mejoras técnicas” se dará “apoyo legal a lo que ahora es una práctica común”, asegura el Gobierno.
