El exalcalde de Marbella, Julián Muñoz, y seis exediles asumieron ayer los hechos por los que se les acusa en relación con delitos contra la ordenación del territorio en el caso ‘Goldfinger’, que versa sobre la operación urbanística y financiera vinculada con la parcela en la que estaba el chalé del actor Sean Connery y su mujer, a los que no se juzga.
La Sección Octava de la Audiencia de Málaga inició ayer el juicio contra 18 personas, entre las que está también el cerebro de la trama de corrupción marbellí del caso ‘Malaya’, Juan Antonio Roca, cuya defensa alegó la vulneración de su derecho a la libertad, por no haber tenido en casi 10 años que lleva en prisión un permiso; y de su derecho a un proceso justo.
La Fiscalía Anticorrupción acusa a Muñoz de dos delitos contra la ordenación del territorio y uno de fraude. El exregidor aseguró al Tribunal que “no sólo me conformo sino que como ya he manifestado en otras ocasiones me arrepiento de los hechos cometidos”. También volvió a pedir a la Sala que le exima de acudir a todas las sesiones por su estado de salud, aunque la Fiscalía quiere interrogarle.
En el caso de Muñoz, la pena por el delito contra la ordenación del territorio sería de un año de prisión. En cuanto a la pena por fraude, su abogado, Javier Saavedra, señaló que aunque se acepta los hechos, en su momento se pedirá a las acusaciones una rebaja de lo solicitado inicialmente, por lo que no se concretó.
El abogado afirmó que “no se puede tener juicios permanentemente desde 2006 —y estamos en 2016— cada 15 o 20 días”, porque “no hay nadie que ni humana ni psicológicamente pueda soportarlo”. Saavedra aludió a las condiciones físicas de Muñoz, que “son lamentables, con un mayor deterioro cada día”.
Por su parte, los exconcejales Alberto García Muñoz, José Luis Fernández Garrosa, Tomás Reñones, Rafael González, Marisa Alcalá y Francisco Javier Lendínez, todos acusados por delito contra la ordenación del territorio, también se conformaron con los hechos y, según las penas acordadas en su día para este tipo delictivo, serían de nueve meses de prisión para los tres primeros, de 12 meses para los dos siguientes y de 15 meses para el último.
En cuanto a Roca, para el que el Ministerio Público solicita ocho años de prisión por los dos delitos contra la ordenación del territorio, uno de fraude y cohecho, su abogada solicitó en el trámite de cuestiones previas la restauración de sus derechos a la libertad y a un juicio justo; y señaló que su defendido cumple el próximo mes de marzo 10 años de prisión durante los que se les ha denegado los permisos tras oponerse la Fiscalía alegando que tenía causas pendientes, “que ella misma ha ido creando sistemáticamente”.
Así, indicó que el Ministerio Fiscal presentó varias querellas contra Roca que se han dividido en múltiples causas y “recientemente hay 102 nuevos procedimientos por hechos entre 2002 y 2006”. Asimismo, apuntó que en el caso de los hechos que se ven en ‘Goldfinger’ es “la tercera vez que se ponen en la lupa de un juez”, de forma que las dos anteriores no siguieron para adelante, mientras que en esta ocasión sí porque “no se quiso investigar”.
Las defensas plantearon en sus cuestiones previas varias nulidades por vulneración de derechos y el abogado del Estado instó a la suspensión del juicio, tras haberse presentado el pasado 5 de enero por parte de una de las defensas un informe pericial.
