El procurador del Común, Javier Amoedo, hizo ayer una encendida defensa del buen trabajo de esta institución para garantizar «los derechos de los ciudadanos» e instó a los grupos políticos representados en las Cortes a elaborar durante esta legislatura una nueva ley que defina con claridad sus «competencias y funcionamiento».
En el acto en el que renovó el cargo de procurador del Común, Amoedo consideró que, 18 años después de su creación, «se hace necesario modificar la regulación» de este organismo para que sea «más acorde a las necesidades de los ciudadanos». En cualquier caso, Javier Amoedo defendió el buen trabajo realizado por la institución, «siempre al servicio de los ciudadanos», y defendió que es un organismo «necesario» porque es «un instrumento eficaz para la defensa de sus derechos» y señaló que seguirá en esa misma línea pese la complicada situación económica actual.
El procurador indicó que desde su llegada al cargo en 2005 se han tramitado 13.828 expedientes por quejas y denuncias de ciudadanos sobre distintos ámbitos, de las cuales 3.877 han acabado con resoluciones sobre «irregularidades detectadas». Asimismo, han realizado 234 expedientes de oficio y numerosas consultas telefónicas y entrevistas personales, además de participar en congresos y conferencias, y en las jornadas anuales de coordinación entre los diferentes defensores de España sobre temas concretos.
En base a esta experiencia, Amoedo aseguró que «la ciudadanía conoce la institución» y tiene «confianza en su trabajo». También defendió que es «eficaz» aunque sus resoluciones no sean vinculantes, como demuestra que en los tres últimos años más del 75 por ciento de sus decisiones han sido aceptadas por las administraciones correspondientes.
Defensa
También la presidenta de las Cortes, Josefa García Cirac, consideró «fundamental» la actividad que realiza el Procurador del Común «de defensa del ciudadano y de control de la Administración», que «recobra importancia» en momentos de crisis como el actual para «recordar, tantas veces como sea necesario y con la contundencia debida, cuáles son las deficiencias de las administraciones públicas en la protección de los derechos de esas que personas que hoy más que nunca necesitan de su asistencia». García Cirac recalcó además que se trata de una institución «independiente», «neutral» en el terreno político y «objetiva» y destacó en especial «el magnífico trabajo» al frente de la misma de Amoedo.
Al acto de toma de posesión de Amoedo acudieron el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Antonio Silván; el delegado del Gobierno, Ramiro Ruiz Medrano; procuradores de todos los grupos de las Cortes; la Defensora del Pueblo, María Luisa Cava, y sus homólogos en Cataluña, Canarias, Asturias, Galicia, Murcia y la Comunidad Valenciana.
