Diez ciudades de Madrid, incluida la capital, afrontarán nuevas medidas restrictivas y el confinamiento perimetral a partir de la noche del viernes para intentar controlar la pandemia de coronavirus, en cumplimiento del acuerdo publicado este jueves en el Boletín Oficial del Estado y al que llegaron ayer el Gobierno y las comunidades autónomas.
Un acuerdo que no ha reconocido el Gobierno madrileño de Isabel Díaz Ayuso, quien si bien ha asegurado que lo acatará, ya ha anunciado que lo recurrirá a los tribunales.
La orden ministerial fija nuevas medidas restrictivas para los municipios con una incidencia de contagios superior a los 500 por 100.000 habitantes en 14 días, tener un porcentaje de positividad en las pruebas diagnósticas superior al 10 % y una ocupación de camas en UCI por pacientes COVID superior al 35 % en la comunidad autónoma a la que pertenece el municipio.
De momento, diez ciudades madrileñas se verán afectadas por este acuerdo, que fue aprobado en el Consejo Interterritorial de Salud con el voto a favor de 13 comunidades y seis votos en contra (Madrid, Cataluña, Andalucía, Galicia, Murcia y Ceuta).
Incluye nueve medidas, que son de obligado cumplimiento y que contemplan, entre otras cosas, la restricción de la entrada y salida de personas, salvo desplazamientos «adecuadamente justificados» como ir al médico, al trabajo, centros educativos, asistencia de mayores, menores y dependientes; y desplazamientos a bancos, juzgados u otros organismos públicos.
Las reuniones familiares y sociales, salvo si son convivientes, se limitan a seis personas y se reduce al 50 % el aforo máximo en los locales comerciales y servicios abiertos al público, que cerrarán no más tarde de las 22:00 horas, salvo las excepciones que se prevean.
En cuanto a los establecimientos de hostelería y restauración, el aforo permitido no podrá superar el 50 % en espacios interiores y del 60 % en exteriores, y se prohíbe el consumo en la barra. Además deberán estar cerrados a las once de la noche.
Estas medidas, que no establecen un plazo concreto de duración, se refuerzan con dos recomendaciones: evitar, por un lado, los desplazamientos y movimientos innecesarios en estos municipios y, por otro, la aprobación de planes de actuación para evitar la expansión de la Covid-19 en las localidades con menos de cien mil habitantes.
La Comunidad de Madrid asume estas nuevas restricciones, que cumplirá «de manera estricta», ha dicho la presidenta madrileña pero recurrirá esta orden ante los tribunales para que «se ajusten a la normativa y a la realidad» y sean «objetivas y justas».
Ayuso ha culpado al Gobierno de Pedro Sánchez de restringir la movilidad «y encima sin criterios objetivos», manteniendo el pulso al Gobierno y después de que el martes en la reunión del Grupo COVID-19 ambas administraciones alcanzaran un principio de acuerdo para tratar de contener la expansión del coronavirus, que fue el que se trasladó al Consejo Interterritorial, donde finalmente la Comunidad de Madrid votó en contra.
En medio de esta polémica, la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, también ha advertido a Ayuso que aunque esté en su «derecho» de recurrir el acuerdo del Consejo Interterritorial también es su «obligación» cumplirlo y que ninguna administración o institución está por encima de la ley.
