El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha trasladado este lunes al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, su apoyo y colaboración a la hora de de programar en un Plan Estratégico Nacional la aplicación de la nueva Política Agrícola Común (PAC) post 2020 en la que se deben evitar, a su juicio, «nuevos desequilibrios territoriales».
Como ha subrayado Fernández Mañueco, Castilla y León comparte el planteamiento de tener un Plan Estratégico «único para toda España» donde se diseñe la aplicación de la nueva PAC en el conjunto del país, recogiendo «las particularidades de la agricultura de los diferentes territorios».
Según ha advertido el presidente de la Junta, de acuerdo con la información facilitada por el Gobierno autonómico, de producirse nuevos desequilibrios, provocarían el abandono de la actividad en el medio rural, lo que supondría a su vez «el fracaso de la propia PAC, única política europea territorial realmente dirigida a los territorios rurales, los más extensos y difíciles de proteger».
La Junta de Castilla y León ha ofrecido su colaboración al Ministerio tanto para la toma de decisiones como para el desarrollo de dicho Plan y ha apostado por diferenciar en él una parte de aplicación en toda España -el denominado primer pilar de la PAC- en el que se encuadran las ayudas directas financiadas al cien por cien por el Fondo Europeo de Garantía Agrícola (Feaga) y una segunda que reflejará las intervenciones territoriales que cada comunidad autónoma determine.
Esta segunda parte, a diferencia de la primera, estará cofinanciada por el Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural (Feader), la comunidad autónoma y el Estado, sustituyendo a los actuales Programas de Desarrollo Rural de cada Comunidad Autónoma, según las mismas fuentes.
Dado el retraso en la aprobación de la normativa europea, que no se espera que esté lista «hasta finales de este año o principios del año que viene», el objetivo es poder contar con ese Plan Estratégico Nacional a mediados del año que viene y «poder así desarrollar la normativa española y de la Comunidad durante 2022». Con este nuevo calendario la nueva PAC entrará en vigor en 2023, con el Plan Estratégico Nacional y su normativa aprobados.
Posición de comunidad
Además del «apoyo y colaboración total» de Castilla y León con este Plan, Fernández Mañueco ha recordado a Luis Planas la «firme posición de Comunidad» en defensa de la PAC, que fue adoptada por la Junta, los grupos políticos, las organizaciones profesionales agrarias, las cooperativas agroalimentarias, representantes sectoriales, jóvenes, mujeres rurales, redes rurales y el Diálogo Social.
Así, el presidente de la Junta ha insistido en que «es necesario garantizar la actual financiación procedente de la PAC y no disminuirla». Para Castilla y León la PAC supone unos 1.000 millones de euros al año, la mayor parte dirigida al apoyo a la renta de los agricultores y ganaderos y a mantener una producción sostenible con los recursos naturales.
En este sentido, la Junta ha recordado que los enfoques de la nueva PAC serán «más exigentes» desde un punto de vista medioambiental, por lo que «reducir la financiación pondría en riesgo la actividad agroalimentaria, la más importante en el medio rural».
Castilla y León ha defendido que la nueva PAC tenga «elementos diferenciadores» para los agricultores y ganaderos profesionales, de explotaciones familiares, que principalmente viven de la agricultura.
Así, debe «servir para fortalecer sus explotaciones, garantizar su resistencia a la volatilidad de los mercados y a los riesgos de la producción (adversidades climatológicas y plagas y enfermedades) y conseguir incorporar jóvenes y mujeres, apoyándoles con tecnología e innovación».
