El actual consejero de Economía y Empleo, Carlos Fernández Carriedo, desmarcó al Partido Popular de las supuestas ilegalidades investigadas, tanto en sede parlamentaria como judicial, respecto de la denominada ‘trama eólica’ y se mostró convencido de que la ley y el procedimiento administrativo se siguieron, sin ilegalidad alguna, en la tramitación de parques eólicos en Castilla y León.
En su condición de consejero de Medio Ambiente en una época en la que se tramitó más de una treintena de parques eólicos, entre los años 2004 y 2007, el hoy consejero económico, en el transcurso de la Comisión de Investigación abierta en las Cortes, en una primera intervención de no más de un par de minutos, dejó sentada su «confianza» en la administración de justicia, su plena colaboración con el trabajo parlamentario y, sobre todo, la aseveración de que no había conocido «ilegalidad alguna» en los procedimientos y trámites seguidos con las autorizaciones de parques eólicos.
UNA CORRUPCIÓN «DE PERSONAS»
En cualquiera de los casos, el compareciente no consideró que se esté ante un proceso que afecte al Partido Popular y refrendó las afirmaciones realizadas en su día por el anterior presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, cuando aseguró que la denominada ‘trama eólica’ «responde a una corrupción de personas, no política».
En sus sucesivas respuestas a preguntas de los portavoces de los distintos grupos representados en la comisión, Fernández Carriedo insistió en que para la autorización de parques eólicos seguía un «procedimiento muy reglado, basado en normativa europea, nacional y autonómica, y muy participativo» y puso la mano en el fuego respecto de la labor y profesionalidad de los técnicos, tras recordar que la totalidad de las resoluciones en materia de licencia ambiental en su departamento coincidieron con las propuestas formuladas en las comisiones territoriales de Medio Ambiente en las nueve provincias.
DEFENDIENDO LA AVOCACIÓN
También defendió la polémica figura de la avocación puesta en marcha en 2004 en virtud de la cual la concesión de licencias quedó en manos de la Consejería de Economía y Empleo, entonces ocupada por el fallecido Tomás Villanueva, asumiendo la tarea que desde 1997 correspondía a los servicios territoriales, en el sentido de que, como así advirtió, podía responder a un intento de coordinación y, además, se trataba de una «figura prevista en la Ley de Procedimiento Administrativo».
La discutida avocación puesta en marcha en tiempos de Villanueva, cuando ocupaba la Consejería de Economía y Empleo, es la figura que, según las partes acusadoras personadas en la investigación judicial, permitió presionar a las grandes empresas promotoras de parques eólicos, a través de la paralización de sus solicitudes de licencia, con el fin de que se asociaran con empresarios locales, y todo ello a cambio de ‘mordidas’ por importe de 80 millones de euros.
