La conflictividad entre el Estado y las Comunidades Autónomas durante los años del Gobierno de Mariano Rajoy se duplicó con respecto a la legislatura anterior, ya que mutuamente se presentaron 213 impugnaciones contra distintas normas o actos frente a las 105 de cuatro años antes, durante el segundo mandato de José Luis Rodríguez Zapatero.
El Gobierno de Rajoy cargó contra normas y actos de todas las autonomías salvo de Extremadura, Castilla y León y Castilla-La Mancha, gobernadas a lo largo de casi todo ese periodo por los ‘populares’ José Antonio Monago, Juan Vicente Herrera y María Dolores de Cospedal. De las 77 impugnaciones, 59 fueron recursos de inconstitucionalidad, 15 fueron conflictos y otros tres, conflictos negativos de competencia.
La cifra aún es mayor, el triple, si se compara con el primer gobierno del socialista, cuando se redujo drásticamente el enfrentamiento entre las dos administraciones. Pero es casi la misma que del último ejecutivo del también ‘popular’ José María Aznar, cuando las impugnaciones fueron 217.
Así se desprende del último informe sobre la conflictividad entre el Estado y las autonomías, las discrepancias entre ambas administraciones cuando una parte entiende que las normas de la otra parte invaden sus competencias e incumplen la legislación. Si no se logra un acuerdo previo, que siempre se intenta, el asunto acaba en el Tribunal Constitucional.
El documento, entregado por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en el Congreso, hace balance de la legislatura de Mariano Rajoy. El Estado presentó en total 77 impugnaciones (29 en la legislatura anterior) y las regiones llegaron a las 136 (frente a 76).
Además, en 70 ocasiones el Estado solicitó al Constitucional que la norma fuera suspendida, que no se pudiera aplicar mientras no se resolviese el asunto, una petición que sólo puede hacer el Gobierno. Concentra el grueso de las impugnaciones Cataluña, que suma 23 en una legislatura muy conflictiva con el Estado por el impulso soberanista de la Generalitat presidida por Artur Mas.
Le siguieron las 15 que recibió el Gobierno de Navarra, 10 de Andalucía, 5 del País Vasco, tres de la Comunidad Valenciana y Canarias y dos de Madrid, Asturias, Galicia y Aragón. El Estado recurrió o planteó conflicto una sola vez en el caso de Cantabria, La Rioja, las Islas Baleares y Murcia.
Las comunidades autónomas también se emplearon fondo contra normas del Gobierno de Rajoy, al que muchas han acusado de aprobar leyes con afán ‘recentralizador’. De hecho han recurrido o planteado conflicto en algún momento de la legislatura contra normas del Gobierno todas ellas menos La Rioja, Cantabria y Castilla y León. De los 136 totales, 115 fueron recursos de inconstitucionalidad o 21 conflictos.
También aquí Cataluña va a la cabeza, porque presentó 45 impugnaciones contra el Estado, seguida por Canarias, el País Vasco y Andalucía, con una veintena cada una. Las comunidades y el Estado cuentan con comisiones bilaterales de cooperación en las que intentan dirimir las diferencias sobre sus normas. Hay otros cauces que ofrece la ley para evitar acabar en los tribunales, que no siempre funcionan. El enfrentamiento se suavizó en el segundo gobierno socialista y se rebajaron los conflictos a 284.
