El Ayuntamiento de Riaza no ha querido esperar hasta el 15 de septiembre para decidir sobre el préstamo de sus remanentes a la Administración General del Estado. En sesión celebrada el pasado miércoles 19 de agosto, y por unanimidad, decidió que no prestará los 1.903.865,65 euros de remanente neto que en estos momentos registra su balance.
Uno de los diversos motivos que alude el municipio segoviano para no atender al préstamo se expone con especial rotundidad: “Existen dudas sobre la legalidad de la normativa expuesta, ya que las limitaciones severas para la utilización del remanente de tesorería por parte de las entidades locales viene determinadas por una ley orgánica, Ley Orgánica 12/2012 de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera de las Administraciones Públicas, materia que un decreto ley no puede regular, de acuerdo con el artículo 81 de las Constitución y 28,2, de la Ley Orgánica del tribunal Constitucional, por lo que existe la posibilidad que, en la práctica, la normativa del préstamo sea inaplicable”.
El acuerdo fue tomado por la unanimidad de los asistentes, es decir, también por el grupo municipal socialista, aunque su portavoz y antigua alcaldesa, Andrea Rico, solicitara previamente la retirada de este punto del orden del día plenario, dado que todavía el RDL 27 de 4 de agosto no ha sido convalidado por las Cortes y es previsible que existan cambios en su actual redacción. El alcalde Benjamín Cerezo (PP) no accedió, explicando que el real decreto ya ha sido aprobado por el Consejo de Ministros y por lo tanto es una norma concreta, aunque, aclaró, si en el debate sobre la convalidación saliera una regulación distinta estaría dispuesto a debatir de nuevo la propuesta.
La situación de Riaza desde el punto de vista financiero es excepcional: no tiene deuda y posee un remanente de tesorería bruto de 2.036.823,97 euros. Su liquidez incluso le llevaría a poder financiar un presupuesto paralelo de gastos, dado que cubriría el 83,27% de las partidas del presupuesto ordinario de este año, que roza los 2,5 millones, circunstancia bien distinta de la que se experimenta a nivel nacional con una deuda a punto de triplicar el presupuesto de gasto ordinario del Estado. En una posición semejante, aunque no tan desahogada, estaría la villa de Ayllón, que tampoco tiene deuda pero cuyo saldo es menor que el de Riaza: 1.038.000 euros. La alcaldesa, María Jesús Sanz (PSOE), sin embargo es prudente ante la postura del Ayuntamiento en relación con el préstamo. Y tiene tiempo: la norma aprobada por el Gobierno le da de plazo hasta el 15 de septiembre, salvo que los tiempos terminen cambiándose en la tramitación parlamentaria.
Cantalejo y Cuéllar
Distintos son los casos de Cantalejo y de Cuéllar, otras de las dos localidades con excedentes de tesorería. Cantalejo –gobernado por el PP- tiene un remanente de alrededor de 900.000 euros, pero una deuda viva a 31 de diciembre (ver cuadro anexo) de 1.868.000 euros. Mejor situación tiene Cuéllar –con gobierno socialista-; con un remanente que puede estar entre los 3 millones de euros y los 3,3 millones soporta en cambio una deuda 1.913.000 euros. Su alcalde, Carlos Fraile, apuesta como su compañera por la cautela y por esperar a la convalidación, aunque encuentra aspectos positivos en la norma, como el disponer a corto plazo –dos ejercicios- de parte de los remanentes vía retorno a fondo perdido del 35% de los fondos prestados.
Esta posibilidad real también es tomada en cuenta desde el Ayuntamiento de Segovia capital, y es quizá el punto más valorado por los representantes municipales consultados por este periódico. Sin embargo, ediles de ambos partidos encuentran como aspecto negativo que la norma hable de la totalidad de los remanentes, sin dar posibilidad a la cesión parcial de ellos y por lo tanto con el riesgo de quedarse el municipio sin recursos para la atención de casos extraordinarios. La cesión de la totalidad del ahorro en un préstamo a largo plazo a una Administración cuya deuda ya ha superado el 100% del PIB nacional es estimada como un riesgo, que, no obstante se iría minorando, conforme se produjeran las amortizaciones parciales.
A qué destinará el Gobierno central el dinero que reciba de los municipios constituye otra de las cuestiones polémicas. Todo indica que se transferirá a los programas recogidos en la sección 32, englobada en el apartado del presupuesto por programas y objetivos del Estado. Y allí, junto con las transferencias a entidades locales, aparecen las que se realicen a las comunidades autónomas y también las destinadas a las infraestructuras del transporte ferroviario, una demanda en la que se han unido regiones como Cataluña o Madrid
Radiografía de la deuda municipal
La entrada en vigor de la ley 2/2012 de Estabilidad Financiera y Estabilidad Presupuestaria ha supuesto con el tiempo una disminución evidente del apalancamiento financiero de las entidades locales, hasta entonces con notable dosis de endeudamiento. La regla recogida en dicha ley impide la subida del gasto municipal –aun contando con superávit o remanentes anteriores- más allá del crecimiento del PIB anual. A esta época se debe también el concepto de inversión financiera sostenible. Los excedentes de tesorería se debían aplicar por los ayuntamientos en primer lugar a la amortización de deuda, en sentido amplio. Esto supuso, como se ha dicho, una disminución del débito municipal. En la provincia de Segovia, de los 209 concejos solo 36 mantienen en estos momentos pasivos, sumando el total de estos la cantidad de 39.185.000 euros.
En el ratio deuda/habitante se lleva la palma Grajera, con una deuda por habitantes de 4.327,87 euros, con datos del Ministerio de Hacienda y del Instituto Nacional de Estadística. Superando los 1.000 euros por habitantes se encuentra Maderuelo, con 1.071,42 euros. A escasa distancia se encuentra el Real Sitio de San Ildefonso, con 879,8 euros por habitantes. Más significativa es la deuda de Escarabajosa de Cabezas, 250.000 euros, que, repartida entre sus 300 habitantes, sale a una media de 833,3 per cápita.
Cantalejo, 527,23 euros, y Segovia, 476,2 euros serían las siguientes. En el rango de los municipios que pasan de una deuda superior a 400 euros por habitante se encuentra Santa María la Real de Nieva, con 460, 46 euros.
