Ciudadanos convocados en 41 ciudades españolas por la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) y apoyados, entre otros, por el Movimiento 15-M y Democracia Real Ya pidieron ayer la paralización de los desahucios y que la vivienda deje de ser un negocio, para pasar a ser un servicio público. De hecho, a la mayoría de estas concentraciones acudieron cientos de ciudadanos que solicitaron que se cumpla el derecho a la «vivienda digna» tal y como recoge la Constitución.
En Madrid, en una marcha en la que se unieron cerca de 500 personas, portaron una pancarta en la cabecera en la que se podía leer: «no más familias en la calle».
Además del sonido de una batucada, se oyeron cantos y gritos de: «Un banquero se balanceaba sobre la burbuja inmobiliaria y como no se caía fue a llamar a otro banquero, dos banqueros se balanceaban en la burbuja inmobiliaria y como se no caían…».
Los convocados advirtieron al Gobierno que salga de las urnas el 20 de noviembre que no pararán hasta conseguir sus peticiones porque hay «millones de afectados».
«Que tengan claro que no vamos a parar hasta conseguir las reivindicaciones porque estamos hablando de millones de familias que se están quedando en la cuneta», señaló Chema Ruiz, portavoz de la PAH. En este sentido, solicitó una modificación de la legislación hipotecaria, que contemple la regulación de la dación en pago con carácter retroactivo -al entregar la vivienda que se cancele la deuda- y que el Estado se quede con «las millones de viviendas vacías que existen y las dedique a alquiler social». Según datos facilitados por Ruiz, en el primer trimestre del año ha habido 16.000 desahucios en España
Por su parte, Manuel Pardos, presidente de Adicae (Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros de España), aseguró que el Parlamento ha demostrado su «inanidad» en esta materia. De ahí que su asociación haya presentado una moratoria por tres años de embargos hipotecarios.
