Es la pregunta que nos acucia a quienes ya peinamos canas y miramos con preocupación el déficit de las cuentas públicas y en especial las de la Seguridad Social. Como digo, los números no invitan al optimismo. Y si no, echen una ojeada a los párrafos que siguen. Para empezar, su cuenta de resultados arroja un déficit de alrededor de 18.000 millones de euros anuales; y para seguir, la deuda del organismo, una vez agotado el fondo de reserva, ascendía en marzo del 2020 a unos 60.000 millones de euros que después de la crisis de la pandemia es fácil que roce los 100.000 millones.
Siempre han tenido contabilidades y cajas diferenciadas el Estado y la Seguridad Social; cuando esta última tenía superávit no se lo apropiaba el primero, sino que engrosaba el fondo de reserva; no obstante, había una serie de gastos y prestaciones financiados por las cotizaciones que en puridad no le correspondían, pero como las cuentas daban de sí no se deparaba en ello.
Las cosas, sin embargo, han cambiado, y no deberían seguir cargando el pasivo de la SS. Hay otro dato que se une a los recogidos en el primer párrafo: cada pensión nueva es de media un 35% más cara que la que sale del sistema por fallecimiento del titular, y, cuando los que hemos nacido en la explosión de los años sesenta lleguemos a la jubilación dentro de 6 u 8 años, todavía las pensiones serán más elevadas con el actual sistema de cómputo, y lo más probable es que la esperanza de vida haya también subido.
¿Soluciones? Pues la que se aplicaría en cualquier empresa: reducir la deuda, aumentar los ingresos y disminuir los gastos. Como se ve, la fórmula es bien simple, lo complejo es su ejecución. Ideal sería partir de cero, y que el Estado asumiera el débito actual, pero con una perspectiva de endeudamiento que puede rozar el 125% del PIB en los próximos años no parece lo más viable.
Por lo que todo indica que la no revalorización de las pensiones actuales y el recorte en el computo de las futuras –que tienen, no hay que olvidarlo, un mayor retorno que en el resto de Europa- se encuentren entre las probables medidas; incluso que la cantidad se vaya ajustando con los años según la esperanza de vida del perceptor. A cambio, es posible que se incremente la aportación de los asalariados y autónomos. Suena duro pero más suave que el tijeretazo que sufrió Grecia. Un problema añadido es que, a diferencia de lo que ocurre en países vecinos, el complemento de los planes de pensiones en España es escasísimo todavía, y otro que la mochila austriaca por la que ha abogado el Banco de España hace dos días, y que tanto nos gusta (vid.: la entrega del 24 de mayo), no creo que sea del agrado del actual gobierno por sus consecuencias colaterales.
